La alarmante escasez de espacio público efectivo en Pereira motivó, hace varios años, una sentida exigencia ciudadana para transformar los terrenos del Batallón San Mateo en vitales áreas de recreación y esparcimiento. Sin embargo, la sólida movilización de fuerzas políticas, gremiales, ambientalistas y la propia comunidad pereirana se vio frustrada. Las promesas del gobierno nacional de reubicar el batallón en terrenos de la SAE en La Virginia quedaron incumplidas, perdiéndose así una oportunidad invaluable para dotar a la ciudad de un esencial pulmón verde.
Lamentablemente, esta justa iniciativa se vio empañada por las tácticas tradicionales de nuestra clase dirigente: politiquería, engaños y la manipulación del interés público en favor de intereses particulares. Se buscó destinar esta área a un lucrativo proyecto inmobiliario, con estudios encargados a la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas. El entonces alcalde Juan Pablo Gallo suscribió un convenio cuyo objetivo encubría la verdadera intención: facilitar la reubicación del Batallón San Mateo para financiar dicho proyecto de renovación urbana en la ZONA ESPECIAL BATALLÓN. La promesa de destinar estos terrenos a espacio público fue una farsa, revelando intereses económicos ajenos al bienestar colectivo.
Durante décadas, Pereira ha sufrido un despojo gradual e irregular de su espacio público, áreas de cesión y bienes fiscales, impulsado por su significativo crecimiento poblacional y económico. La falta de un catastro detallado de estos bienes facilita este asalto, que cuenta con la tácita complicidad de las autoridades. Un ejemplo emblemático es la desaparición de espacio público en la Villa Olímpica. En los años 60, la alcaldía adquirió terrenos donados para la fundación Amparo San Marcos, destinándolos por acuerdo del concejo a escenarios deportivos y espacios públicos para el disfrute de todos, sin distinción. Este espacio goza de protección constitucional, como lo establece el artículo 63, que declara los bienes de uso público inalienables, imprescriptibles e inembargables.
Sin embargo, estas normas a menudo se ignoran localmente. A pesar de que la Ley 9 de 1989 establece que el destino de los bienes de uso público en áreas urbanas y suburbanas solo puede modificarse por los concejos, a iniciativa del alcalde, y a cambio de otros de características equivalentes, este importante espacio fue gradualmente ocupado por vías y edificaciones privadas. No se tramitó ningún acuerdo, se desconoce quién autorizó este cambio de uso del suelo y el destino de los fondos obtenidos de estas transacciones irregulares. El Acuerdo 35 de 2016, que adoptó el POT, ratificó que el área de la Villa Olímpica está destinada a equipamiento colectivo de recreación y deporte.
La situación lejos de mejorar, se agrava diariamente. En los terrenos (85.490 m²) que el antiguo Inscredial cedió al municipio de Pereira en 1979, donde hoy se ubica Gamma, destinados originalmente a zonas verdes y servicios comunales, solo 23.411 m² se reconocieron en el POT como Espacio Público Efectivo (Canchas Gamma). Allí se construyó un equipamiento colectivo (cancha de fútbol y espacio público abierto) para el uso y disfrute de todos los habitantes. Sin embargo, ignorando las normas del POT, el propio municipio toleró o decidió destinar parte de este espacio a otros fines. Mediante maniobras ilegales, en 2023 se tramitó ante la Curaduría Urbana No. 1 una licencia de obra nueva para la construcción del Coliseo Multipropósitos. Esto se realizó con total desprecio por el POT, transformando áreas abiertas de espacio público en áreas construidas sin la aprobación del Concejo Municipal, implantando un equipamiento metropolitano sin análisis de impacto vial sobre la Avenida 30 de Agosto, un eje estructurante principal.
La administración asigna presupuesto a proyectos sin viabilidad económica ni financiera, y sin la aprobación del Plan de Programas y Proyectos del POT. Esta falta de planeación es la causa del fracaso recurrente de nuestras iniciativas. Ante la ausencia de controles internos efectivos que garanticen el cumplimiento de la ley, en los próximos días interpondremos una Acción Popular en defensa de los derechos colectivos al goce del espacio público y a la utilización y protección de los bienes de uso público para toda la ciudadanía.
La persistente política de despojo del espacio público en Pereira, evidenciada en casos como el Batallón San Mateo y Gamma, clama por una respuesta ciudadana firme. Ante la omisión y la ilegalidad, exigimos a la administración municipal un cambio radical en su gestión del espacio público, transparencia total y al Concejo Municipal una veeduría activa. La Acción Popular es un camino; la participación ciudadana, una obligación para recuperar lo que legítimamente nos pertenece.
Carlos Alfredo Crosthwaite F.