Por FERNANDO ARIAS CARDONA.
Dijimos en el artículo anterior, que, durante el mes de junio de 2021, estuvo en Colombia una delegación de la CIDH, que luego de realizar un breve recuento de contexto del paro nacional iniciado en abril 28 de 2021, le hizo una serie de recomendaciones al actual gobierno, lo cual generó la reacción airada de su partido y de éste una actitud despectiva y rechazo velado a tales recomendaciones.
Veamos algunas de ellas: Promover, fortalecer y privilegiar diálogo antes que el uso de la fuerza; adoptar políticas para el cumplimiento progresivo de los Derechos Sociales, Económicos y Culturales “DESCA” del pueblo Colombiano; no sólo respetar sino garantizar la protesta social y pacífica, ordenándole a los funcionarios públicos abstenerse de estigmatizar a sus promotores y participantes, así como no restringir ese derecho a través de medidas adoptadas por el ejecutivo, puesto que ello es competencia exclusiva del Congreso a través de una ley estatutaria; separar la policía nacional y el ESMAD del ministerio de Defensa (otros pensamos que el ESMAD debe desaparecer), tener un sistema de información efectivo y objetivo, acerca de heridos, muertes, detenciones masivas de personas, en su gran mayoría arbitrarias, crear un mecanismo de búsqueda de personas dadas por desaparecidas en medio de las protestas; y ojo con estas: Restringir el uso de la figura de “traslado por protección”, porque en realidad se volvió una forma de realizar detenciones masivas y arbitrarias, y ponerle fin a la figura de la asistencia militar, prevista en el Decreto 578 de mayo de 2021, mediante el cual se militarizó vastas regiones del país, dándole a la protesta social, el tratamiento propio de un conflicto armado. Por supuesto, estas recomendaciones no son para nada de buen recibo en el actual gobierno, acostumbrado como está a andar a sus anchas sin medida ni control.
¿Qué es lo importante de este compendio de recomendaciones de la CIDH, más allá de su descripción? Es que la CIDH, sin proponérselo, develó el carácter atávico y reaccionario no sólo del gobierno Duque, sino de todo el régimen político imperante. Si, así de claro y concreto. No es cierto que vivamos una democracia seria y madura, la más antigua de América solían sermonear los gobiernos de turno; aún seguimos en una especie de “feudalismo” político, donde hay un personaje que se cree un reyezuelo, y por eso, ¡los demás son sus súbditos que deben acatar sus decisiones sin chistar!
Para ellos: Cuál sistema de pesos y contrapesos, cuáles controles, ¿cuál colaboración armónica entre las ramas del poder público para el logro del bienestar general? Nada de eso, sólo les gusta mandar y ser obedecidos, y por supuesto, somos muchos que no estamos dispuestos a asumir ese papel.
Conclusión, nos falta mucho por hacer para avanzar realmente por una senda democrática, en donde prevalezcan los seres humanos y sus derechos, antes que los intereses de una élite que se apropia del producto del trabajo de millones y millones de personas, y dispuesta a lo que sea, por mantener esos privilegios.