Una de las grandes preocupaciones que se están generando en nuestra región es el tema de la inseguridad, y como frente a las capturas en delitos como el hurto y el atraco y su judicialización se ve con sorpresa cómo, son puestos en libertad, por no tenerse supuestamente la carga probatoria, para que los jueces puedan declarar la medida de aseguramiento preventiva intramural como lo establece nuestro ordenamiento jurídico. Esto ha llevado a la ciudadanía a tener la percepción, que la justicia está más del lado de la delincuencia y que los jueces protegen más al bandido que al policía o al ciudadano.
El trabajo articulado es una obligación de los servidores públicos; la judicatura debe articularse con la fiscalía y los entes gubernamentales y entender que generalmente los delitos más comunes en inseguridad ciudadana son el hurto y el atraco, por ello debe generarse una matriz de debilidades para que quienes retienen al delincuente, tengan en cuenta cuales son los errores más frecuentes en este tipo de delitos dentro del código penal, para así mejorar la carga probatoria, y los jueces de la república no tengan excusa alguna para sancionar la libertad de quienes incluso son reincidentes del delito.
Frente a este vació en la sociedad de justica se crea primero una desmotivación por parte de la fuerza pública, una mala imagen de quienes tienen la tarea de impartir justicia y la tentación de algunos ciudadanos de querer hacer justicia propia, faltando al gran principio, que todo ser humano, no debe ser vulnerado en sus derechos, en especial el de su vida y su integridad personal.
La nueva ley de seguridad ciudadana que ha sido sancionada por el gobierno nacional, seguramente permitirá cubrir esas lagunas que hoy presenta el código penal, con condenas ejemplarizantes, ley que permitirá que quienes reincidan en un delito podrán tener detención intramural como se requiere y se necesita. Una ley que aumenta la pena privativa de la libertad y que también disminuye la cuantía del hurto.
En buena hora la convocatoria del consejo departamental de seguridad, donde asistieron el General delegado por la dirección de la policía para la Seguridad Ciudadana, la Octava Brigada del Batallón, el gobernador y su Secretario de Gobierno de Risaralda, los mandatarios del área metropolitana, la Procuraduría, Personería, el delegado de la Fiscalía nacional, el delegado por Pereira del Consejo de la Judicatura, quienes preocupados por los acontecimientos de los últimos días de inseguridad han tomados medidas muy puntuales como aumentar el pie de fuerza, tanto de la policía como del ejército, pero ante todo, el poder convocar en una mesa, para realizar un trabajo articulado, donde podamos entender que la seguridad es una responsabilidad de todos, y con el compromiso de las diferentes ramas del poder público, y la cooperación institucional, se pueda garantizar a la región que los derechos de los delincuentes no pueden estar por encima de los derechos de los ciudadanos de bien, y que instituciones como la Fiscalía y el Concejo Seccional de la Judicatura garanticen un proceso de judicialización adecuado con los actores y presuntos delincuentes que cometan algún tipo de delito contra el código penal colombiano.
Padre Pacho