Continuando nuestro mensaje a los alcaldes de Pereira y Dosquebradas, en nombre de los afectados por la tragedia de La Esneda, queremos reproducir algunos apartes de nuestra columna: «Lo que falta en el Plan de Desarrollo», publicada en mayo de 2020.
«Durante 15 años la Corporación VIGÍA Cívica, antes Corporación Risaralda Ética, ha insistido en la necesidad de disminuir los riesgos y de preparar a Pereira para eventuales catástrofes, en ese lapso hemos sido testigos del muy reducido interés que las sucesivas administraciones municipales han tenido en hacerlo. (…) el proyecto del Plan de Desarrollo (que se discutía en esa época) solo contempla la construcción de 2.344 viviendas VIS y VIP, “para la reubicación de familias que se encuentran en riesgo inminente” (P1.5.1.3), la construcción de cinco obras para la mitigación del riesgo y el mantenimiento anual de 800 metros lineales, de obras de estabilización (P3.5.1.11 y P3.5.1.8) de las que no se anota su ubicación, prioridad e impacto.»
Según declaraciones del Director de Gestión del Riesgo, DIGER, en Pereira había, en junio de 2019, 4 mil viviendas en zonas de riesgo no mitigables, sobre las que señaló el funcionario: «que son precisamente las que más nos preocupan, porque la norma establece que se deben hacer procesos de reubicación en el momento».
Han pasado casi dos años, es evidente que no ha habido reubicaciones mayores y que las zonas de invasión en Pereira y Dosquebradas crecen como espuma, por la llegada de connacionales y de venezolanos desplazados, lo que hace evidente que la cifra de viviendas en zonas de riesgo, por lo menos las de Pereira, que manejan los medios y las autoridades locales está desactualizada.
Uno de los sectores que despierta más preocupación, por su explosivo crecimiento, es Caracol- La Curva. Sobre él muchas voces locales, entre ellas la de nuestra Corporación VIGÍA Cívica han señalado la inminencia de un deslizamiento que puede ser catastrófico.
Refiriéndonos a su situación hemos advertido: «Los invasores de “Caracol- La Curva”, soportan las enfermedades asociadas a la falta de servicios básicos, contaminan el rio Consota con sus descargas de aguas servidas, afectan la zona de protección de ese rio y, además, lo que es más grave, permanentemente exponen sus vidas a amenazas naturales no mitigables».
Nadie pretende que de golpe se trasladen todos los habitantes de las zonas de riesgo, pero si hubiese existido voluntad política en los gobiernos de los quince años anteriores, mucho se hubiera avanzado.
La reubicación de quienes vivían en la ladera de La Popa se logró con la gestión de ayuda internacional, la entrega de lotes en El Dorado y los 2.500 lotes generó una frenética actividad de autoconstrucción. Son alternativas que se deben intentar.