El impacto social y económico del catastro multipropósito y el consecuente impuesto predial está encapsulado en un proceso a la vez complejo y necesario, iniciado desde marzo, cuando se anunció que la facturación de 200 mil predios sólo llegaría después de las elecciones de congresistas.
Dos meses después, no ha tenido un desenlace apropiado en razón a que actores claves como el Concejo Municipal (que cumple funciones de coadministración del Municipio) no comparten ni los métodos del estudio catastral ni las exorbitantes tarifas del predial, pese a la justa advertencia del alcalde Maya sobre el impacto económico en los propietarios, al anunciar que, “quien tiene más, pague más y quien tiene menos, pague menos.”
Se agrega que luego de nueve años de retraso y el enorme avance de la industria de la construcción en estratos bajos, medios y altos, el estudio de actualización catastral incorporó nuevos predios que generan buenas nuevas para el recaudo de impuestos municipales.
Aun así, el Concejo y otros sectores comunitarios, institucionales y de opinión, insisten en que no hay equidad tributaria. Ese es el punto. Pero con el paso de los días se ha convertido en puntos suspensivos, no obstante, las propuestas alternativas.
Se espera que mañana jueves 19 de mayo, el Comité Intergremial de Risaralda tenga éxito tras la convocatoria que en Expofuturo le ha hecho a la Administración Maya y al Concejo para buscar consensos y acuerdos concluyentes en un diálogo asertivo de las partes que la ciudad merece. La expectativa es grande.
El pasado 13 de marzo el presidente ejecutivo del Intergremial, Jaime Cortés Díaz, en su habitual columna, señaló el catálogo de contingencias que luego de la pandemia, afectan el bolsillo del contribuyente, preciso en el inicio de la anhelada reactivación económica que el propio alcalde Maya impulsó -justo es reconocerlo- con decisión y certeza.
Hace dos meses Cortés Diaz anotó: “El momento es incierto (…) empleo a la deriva, efectos de la invasión a Ucrania, incertidumbre de resultados electorales, oficinas y locales desocupados, el anuncio de una nueva reforma tributaria, son asuntos de no poca monta que agobian a la población y castigan la competitividad.”
Agreguemos ingresos precarios, mayor carestía de alimentos e inflación galopante.
Conclusión: estamos en un escenario que exige de nuestros gobernantes de Pereira, Dosquebradas y Santa Rosa de Cabal, reflexión, inteligencia y generosidad para acordar nuevas formas que permitan a la vez, tarifas equitativas y plazos razonables para un tributo predial cuyo recaudo sea masivo, efectivo y satisfactorio para las partes.
Los gremios proponen y el alcalde tiene la palabra. A veces más, es menos.
No solo hay problemas con el valor de los avalúos, pues hay impresiones en los titulares de las propiedades, un caso patente, es el de un apartamento de una sobrina mía, que aparece a nombre de una de mis hermanas que nunca han tenido propiedad en ese edificio, y ni siquiera ha vivido en él.
De otra parte, cuando aparecieron los recibos de predial, imprimimos los correspondientes y de 4 propiedades o se pudo hacer el pago, pues no aparecían dichos recibos en las pantallas de los bancos, verificamos la información y resulta que esos primeros recibos estaban equivocados, y los valores no correspondían al valor de nuevo avalúo aplicándole el porcentaje correspondiente, eran sumas superiores.
Tampoco sacaron las nuevas fichas catastrales de todos los predios desenglobados ni actualizaron los nuevos propietarios.
Así las cosas, creo que hubo incumplimiento del contrato celebrado por Bogotá con el área Metropolitana, razón por la cual deberían aplicar las multas y disposiciones legales correspondientes, ya que a la hora de la verdad, el contrato se incumplió.
Adicionalmente, dicho incumplimiento ha generado la demora en los cobros del predial,dejando el Municipio de recibir un dinero que normalmente le ingresaba desde marzo, I la plata produce plata.
La legalidad del cobro de valorizacion,
con esos nuevos avalúos, puede estar en entredicho pues el Impuesto Predial corresponde al valor que resulta de aplicar una tarifa al valor del avalúo catastral del inmueble a 1 de enero de cada año y en esa fecha no se habían entregado los nuevos avalúos.