Vicente Zuluaga Osorio
Andrés Felipe Arias, ex ministro de Agricultura y ex aspirante a la Presidencia de la República, anhela que la Corte Constitucional falle a su favor una tutela para que se le conceda el derecho a la doble instancia en el proceso en el que fue condenado a la pena de 17 años y 4 meses por haber repartido entre amigos suyos, ricos de la Costa, Vives, Lacouture, Davila y una ex reina de belleza, Valerie Domínguez, el presupuesto de Agro Ingreso Seguro, que estaba previsto para las actividades rurales en favor de los campesinos pobres.
El derecho a la doble instancia, consagrado en el acto legislativo número 1 de 2018, significa que en materia penal toda persona condenada por los jueces de la república, tiene derecho a que esa sentencia sea revisada por un superior. Ese es el derecho que le asiste a Andrés Felipe Arias y nada más, pero si el superior encuentra que el fallo debió ser absolutorio procederá a explicar las razones jurídicas, no políticas, y a ordenar la libertad del condenado. Pero en caso contrario si la Corte Suprema encuentra que la Sala Penal actuó en derecho y dictó la sentencia que correspondía, tendrá que confirmarla, y entonces el ex ministro dilapidador tendrá que cumplir los 17 años y cuatro meses, sin derecho a que se le descuenten los años que permaneció huyendo de la justicia colombiana en los Estados Unidos.
Hoy espera que la Corte Suprema se notifique de la decisión sobre la tutela y en caso de ser favorable al ex ministro procederá a analizar los impedimentos y las recusaciones que se presenten y a escoger los conjueces que se encargarán de la segunda instancia.
Si la sentencia de segunda instancia le es favorable equivale a que la Sala Penal encontró infundadas las argumentaciones de la primera y el país quedará atónito ante semejante vergüenza porque nadie podrá entender que aquí, a estas alturas, sigamos arrodillados a la clase política y que El Matarife siga libre, haciendo de las suyas, como si el cartel de la toga de los ex magistrados Malo, Bustos, Escobar y Ricaurte, todavía tuviera poder en la Corte.
Detrás de la decisión de la Corte siguen 230 condenados esperando la revisión de sus casos, como si los magistrados, que se ajustaron al procedimiento vigente en su momento, no tuvieran nada más que hacer.
Todos los ciudadanos tienen derecho a una segunda instancia y El exministro no es la excepción, en Colombia las condenas no pueden ser deacuerdo al partido político. Es absurdo que guerrilleros y demás estén tan campantes y que Una persona a la que se ha demostrado que no robó sea condenado a una pena tan alta que ni los peores delincuentes han obtenido.