Cuando los Constituyentes discutieron sobre la aprobación de los artículos 306 y 307 de la nueva constitución política de Colombia, tenían claro que para que el país pudiera avanzar, requería de unas regiones sólidas, capaces de trabajar armónicamente y que lideraran el desarrollo social y el crecimiento económico.
Ese discurso de que Colombia era un país de regiones, se volvió un coro generalizado, que fue perdiendo armonía, en tanto la concentración de poder se hacia más fuerte en el centro.
El postulado de que el desarrollo y el crecimiento del país sólo era posible si las regiones eran potentes, no se ha cumplido. Hoy nuestros indicadores, medidos frente a los promedios internacionales, son patéticos, débiles, fragmentados y terriblemente inequitativos.
Cuán diferente sería hoy el país, si se hubiera ordenado el territorio desde comienzos de la década de los años 90 del siglo pasado, cuando aun estaba caliente la Constitución. Pero los intereses personales y políticos resultaron victoriosos, y debieron pasar dos décadas para que pudiera el país tener una ley orgánica de ordenamiento territorial, que resultó ser incompleta y de alguna manera frustrante.
Luego recibimos, 28 años después, la ley de regiones, un verdadero desencanto. Esperar tanto para tan poco. Una ley llena de vacíos e incongruencias, que se enreda cada vez más con los decretos reglamentarios, que tienen el propósito, quién lo creyera, de poner de rodillas a las regiones frente al poder central.
Las regiones administrativas y de planificación tienen una maravillosa concepción teórica, pero las herramientas con que cuentan para hacer realidad tan bellos postulados, son insuficientes, inadecuadas e inanes.
Que el texto legal diga que los actos de las Regiones Administrativas y de Planificación no son vinculantes para los territorios asociados, es de por sí poner a estos esquemas en una condicion decorativa.
Obligar a que los departamentos y no la nación, sean los que deben sostener su operación, es un golpe a las menguadas finanzas de las gobernaciones y poner en condiciones financieras muy débiles a las RAP, incapaces muchas de ellas de garantizar su operación.
Dejar a discreción de un ministro de si apoya o no partidas para las RAP y otros esquemas asociativos, en el presupuesto general de la nación, es un despropósito.
Restringir el ingreso de las RAP a la presentacion y ejecución de proyectos, con argumentos baladíes y jurídicamente insostenibles, demuestra que el gobierno central no quiere garantizar el desarrollo de las regiones, y de alguna manera evidencia que le da terror ceder parte de su poder al impulsar la autonomía administrativa y fiscal.
Lo que se necesita hoy, es que el Congreso de la República se juegue entero en favor de la autonomía territorial, sin que se comprometa la unidad de la nación. Y eso es posible si hay conciencia de los congresistas de que el desarrollo se construye desde las regiones y no desde el centro, porque el modelo actual es un completo fracaso.
*Gerente de la Región Administrativa y de Planificación – RAP Eje Cafetero