Conforme a nuestra Constitución, Colombia es una república unitaria, descentralizada, democrática, participativa y pluralista, cuya política se desarrolla en el marco de un régimen presidencialista, en el que el Presidente es a la vez Jefe de Estado y Jefe de Gobierno. Somos una sociedad de producción capitalista y competitiva que la hace susceptible a las crisis, recesiones y estancamientos, debidos a los desequilibrios entre la oferta y la demanda, al exceso de capacidad productiva sin suficiente pedido, a las dificultades para encontrar oportunidades de inversión rentables y a las prácticas especulativas tanto en el comercio como en el mercado de acciones. Como resultado de esto se presentan fenómenos como la caída o estancamiento en la producción, la capacidad instalada subutilizada, la quiebra de empresas, el aumento del desempleo a niveles elevados y la destrucción de medios de producción. Estas crisis y contracciones están dentro de la órbita que bien puede moderar el gobierno de turno, mediante medidas oportunas y eficaces y la presentación de proyectos de ley ante el Poder Legislativo. En definitiva, cuando hablamos de buen gobierno, hablamos de transparencia, participación ciudadana, responsabilidad pública, rendición de cuentas y capacidad de respuestas a las necesidades de la población, involucrando a los ciudadanos en el proceso de toma de decisiones. Las entidades locales deben buscar activamente la participación de la comunidad, a través de audiencias públicas, encuestas y foros de discusión, creando la confianza pública necesaria para fortalecer las políticas de Estado. Y es eso precisamente lo que ha faltado en este Gobierno improvisador y destructor de esa confianza pública, que ha traicionado el querer de un sector importante de la población que creyó en las promesas de campaña, empezando por sus propios electores quienes, públicamente y de manera insistente, manifiestan su arrepentimiento por el voto dado. Valga mencionar nombres como los de los exministros Alejandro Gaviria y Rudolf Hommes o el de Carolina Sanín, escritora y docente de la Universidad de los Andes, o figuras de la farándula como Robinson Díaz y Andrés Parra, o parlamentarios como Catherine Miranda de la Alianza Verde y Jennifer Pedraza del Partido Dignidad y Compromiso, quienes, al unísono, han manifestado que jamás volverían a votar por un populista y mitómano como Gustavo Petro. El Estado debe propender por políticas que permitan el crecimiento humano en todos los órdenes y no dar largas a una cultura de la dependencia que hace a las personas pedigüeñas, cuyas conciencias compran para mantenerlos como votos cautivos para sus calculados fines electorales. Hay quienes sostienen hoy, que Petro ocultamente está reversando su torpe política frente a los hidrocarburos, al tener que aceptar íntimamente su fracaso, pero que incapaz es de reconocerlo públicamente. Sobre la gravísima situación de orden público que ya se extiende por todo el país, bástenos mencionar la dramática guerra en el Catatumbo que lo ha obligado a decretar la conmoción interior, de la cual no puede esperarse nada distinto a que en su examen de revisión constitucional sea declarada inexequible por la Corte, al no darse la condición de hecho sobreviniente de la que puntualmente habla nuestra Constitución. Desde hace ya buen tiempo, la Defensoría del Pueblo había entregado alertas tempranas sobre lo que allí sucedía. El desbarajuste del país ha sido un hecho intencional llevado a cabo por un sicópata lleno de odio y de rencor. La designación por sí sola de Laura Sarabia como Canciller de la República, constituye un irrespeto mayúsculo del Presidente de los colombianos contra la institucionalidad misma, que ante ninguna condición probada por la nombrada para su obvio desempeño, significa el menosprecio por la altísima responsabilidad del cargo, al tiempo que rebaja la dignidad del propio Jefe de Estado.
Alberto Zuluaga Trujillo. Alzutru45@hotmail.com