Luego de que el presidente estadounidense atacara a Venezuela y capturara a Nicolás Maduro, amenazó con hacer lo mismo en Colombia. Y la verdad sea dicha, pese a que muchísimos colombianos agradecerían al Altísimo que la acción se replicara en nuestro país apresando a Petro, a quien la justicia americana le tiene un completo dossier sobre sus actividades al margen de la ley, lo prudente sería dar una espera a que se produzca la reunión entre los dos mandatarios en la Casa Blanca, en la que Trump sabrá hacerle enderezar su caminado en cuánto tiene que ver con las elecciones presidenciales del 31 de mayo. Decir Trump que se siente honrado con que Petro haya accedido a hablar con él, solo es posible entenderlo en el lenguaje diplomático que Petro desconoce. Trump con su acción en Venezuela, claramente notificó a Latinoamérica que debe cambiar de rumbo, pues no está dispuesto a seguir tolerando gobiernos izquierdistas y autoritarios, cuyo único propósito es el enriquecimiento personal a través del narcotráfico, introduciendo la droga a territorio estadounidense. Si bien somos respetuosos del derecho internacional que protege la libre determinación de las naciones de escoger sus gobernantes, en el caso de Venezuela celebramos la captura de un impostor, que declarándose dictador, se robó abiertamente las elecciones del 28 de julio de 2024, constituyéndose en el fraude electoral más grande de la historia democrática latinoamericana. Estas dictaduras criminales, en manera alguna pueden ser permitidas y toleradas por los países libres del mundo, bajo el pretexto de la libre auto determinación, antes, por el contrario, deben ser rechazadas y cerrados sus lazos comerciales. En Venezuela, no se capturó a un presidente, se apresó a un criminal que destruyó la economía, quebró las instituciones, sometió al pueblo e hizo del territorio venezolano un enclave poderosísimo del narcotráfico con alcance continental, convirtiéndose en una amenaza directa para la seguridad de EE.UU., a más de servir de refugio de redes criminales como las FARC y el ELN, en un claro y abierto comprometimiento del gobierno Petro que firmó con el dictador Maduro la primera zona económica binacional en el Catatumbo, haciendo de esta próspera región colombiana una zona franca en la que se dispararon las inversiones ilegales. Petro, no ha sido un espectador distante del sufrimiento venezolano, ha sido un fuerte aliado del narcorégimen y un socio estratégico que legitimó la narcodictadura al enviar a Caracas al embajador Milton Rengifo Hernández como su representante oficial en la posesión de Maduro para el período 2025 – 2031. Mientras la narcodictadura de Maduro se sostenía con economías ilegales, Colombia se consolidó bajo el gobierno Petro como el mayor productor de cocaína del mundo con más de 320.000 hectáreas, y la “Paz Total”, su programa bandera, le abrió las puertas de las cárceles a los peores criminales, haciendo del “Pacto de la Picota” un plan estratégico de desmonte de la seguridad del Estado, en función de su proyecto político. Por eso celebramos la comunicación entre los dos mandatarios, en el convencimiento total que solo a través del diálogo es posible encontrar salidas negociadas, como por ejemplo; la restitución de las visas canceladas al presidente Petro y su familia y la salida igualmente de la lista Ofac, cuya negociación le devolverá la tranquilidad al mandatario colombiano que no ve como sea vivir con esas sanciones, después del 7 de agosto que termine su mandato. El mundo ya sabe quien manda y Petro lo ha entendido.
Alberto Zuluaga Trujillo. Alzutru45@hotmail.com
Acertado articulo estimado Alberto. Sobre todo la parte de que no secuestaron a un presidente sino que capturaron a un dictador que había sometido a Venezuela a todos los vejamenes posibles