La Fiscalía General de la Nación informó este martes 31 de marzo de 2026 que, atendiendo una solicitud de la Oficina del Consejero Comisionado de Paz, decidió suspender las órdenes de captura contra 23 personas reconocidas por el Gobierno nacional como voceros de Estructuras Armadas Organizadas de Crimen de Alto Impacto (EAOCAI) en Medellín y el Valle de Aburrá.
lcance de la medida
- La suspensión se ampara en la Ley 2272 de 2022, la sentencia C-525 de 2023 de la Corte Constitucional y el Decreto 1081 de 2015.
- No implica libertad para quienes ya están en prisión cumpliendo condenas o medidas de aseguramiento. La Fiscalía aclaró que ese aspecto no es de su competencia.
- La Resolución 00072 del 27 de marzo establece que la suspensión tendrá una vigencia inicial de seis meses.
Objetivo
La medida busca que los voceros participen en Espacios de Conversación Sociojurídicos definidos por el Gobierno nacional, con el fin de avanzar en el sometimiento de los grupos criminales que representan.
Limitaciones
- La suspensión no protege frente a capturas en flagrancia por delitos graves como secuestro, extorsión, violaciones a los derechos humanos o infracciones al Derecho Internacional Humanitario.
- Los efectos de la decisión se concentran en Medellín, municipios del Valle de Aburrá y Rionegro (Antioquia), donde se realizarán los encuentros y actividades del proceso.
Contexto
El anuncio se enmarca en la estrategia del Gobierno para abrir canales de diálogo con estructuras criminales de alto impacto, buscando su sometimiento a la justicia y una reducción de la violencia urbana en el Valle de Aburrá.
Análisis
Juristas precisaron que se trata de un gesto que revela la tensión entre el rigor de la ley y la esperanza de la reconciliación, la Fiscalía General de la Nación anunció la suspensión de las órdenes de captura contra 23 voceros de estructuras criminales de alto impacto en Medellín y el Valle de Aburrá.
No se trata de un perdón ni de una amnistía: la medida, amparada en la Ley 2272 de 2022, la sentencia C-525 de 2023 y el Decreto 1081 de 2015, es un puente jurídico que busca abrir espacios de conversación sociojurídica. Durante seis meses, quienes han sido señalados como representantes de organizaciones armadas tendrán la posibilidad de sentarse en mesas de diálogo con el Gobierno, en un intento de encauzar la violencia hacia el sometimiento a la justicia.
El límite es claro: la suspensión no protege frente a capturas en flagrancia por delitos graves como secuestro, extorsión o violaciones a los derechos humanos. La ley se mantiene vigilante, recordando que la paz no puede construirse sobre la impunidad.
El escenario es Medellín y su área metropolitana, territorios donde la violencia urbana ha marcado generaciones. Allí, la decisión judicial se convierte en símbolo: un alto en el camino para que la palabra sustituya, aunque sea temporalmente, al disparo.
