Evaluar el Gobierno de Gustavo Petro exige superar tanto el triunfalismo oficial como la oposición que pretende presentar estos cuatro años como un fracaso absoluto. Los datos muestran algo más complejo: hubo avances reales en algunos indicadores sociales, ambientales y de distribución de tierras, pero también existen resultados particularmente preocupantes en seguridad, vivienda, salud, corrupción, inversión, sostenibilidad fiscal y capacidad institucional. El problema central del Gobierno no fue no haber hecho nada; fue que el cambio prometido fue considerablemente mayor que la transformación finalmente alcanzada.
En economía, Colombia termina el período con una recuperación, pero no con el dinamismo que necesitaba. El PIB creció 2,6 % en 2025, después de la fuerte desaceleración de 2023 y 2024. No es una economía en recesión, pero tampoco es una economía que haya experimentado el salto productivo anunciado por el Gobierno. La inversión permaneció débil y sectores fundamentales como construcción e industria atravesaron dificultades. Petro no deja una economía colapsada, pero tampoco deja una economía transformada: la promesa de cambiar el modelo productivo y reducir la dependencia de las actividades extractivas quedó lejos de cumplirse plenamente.
En empleo el balance parece inicialmente favorable. El desempleo descendió hasta niveles históricamente bajos. Sin embargo, el indicador debe mirarse junto con la calidad del empleo: Colombia continúa teniendo una informalidad superior al 54 %. Por eso, una parte importante de la recuperación laboral corresponde a ocupaciones informales, con menor estabilidad, productividad y protección social. La cifra de desempleo mejoró, pero el problema estructural del mercado laboral colombiano no fue resuelto.
La reducción de la pobreza sí constituye un resultado que debe reconocerse. Según el DANE, la pobreza monetaria pasó de 31,8 % en 2024 a 28 % en 2025 y la pobreza extrema bajó de 11,7 % a 9,6 %. El Gini también descendió de 0,551 a 0,531. Son resultados positivos y sería intelectualmente deshonesto negarlos. Pero tampoco significan que Colombia haya dejado de ser un país pobre: todavía 28 de cada 100 colombianos estaban bajo la línea de pobreza y en las zonas rurales la proporción alcanzaba 39,5 %. Además, el propio DANE advierte que la actual serie utiliza una metodología actualizada y no es comparable directamente con las antiguas series MESEP. El SISBENben sacó de la pobreza a miles de colombianos pero solo en estadística, no en la realidad.
Donde el Gobierno deja una preocupación mayor es en las finanzas públicas. El aumento del gasto social no estuvo acompañado por una expansión equivalente de los ingresos permanentes y el país termina con un margen fiscal considerablemente más estrecho. Esto significa que el próximo Gobierno recibirá menos espacio para responder a nuevas crisis, financiar infraestructura o ampliar programas sociales sin acudir a más impuestos o endeudamiento. El problema no es gastar en lo social; es hacerlo sin garantizar suficientemente la sostenibilidad de ese gasto.
La vivienda constituye uno de los mayores fracasos del período. En 2023 las ventas de vivienda nueva cayeron 44,9 % y las de vivienda VIS 49,7 %. Se vendieron 106.554 viviendas menos que en 2022, equivalentes a unos $20 billones menos de inversión de los hogares, mientras casi 38.000 familias desistieron de sus compras. La crisis posteriormente llegó a las iniciaciones: en enero y febrero de 2025 comenzaron construcción 55,4 % menos viviendas que un año antes. El problema no fue solamente social. La construcción moviliza cemento, acero, transporte, comercio, servicios profesionales y empleo. Por eso su contracción también golpeó la economía. Las modificaciones de la política de subsidios pudieron perseguir objetivos legítimos de focalización, pero la transición produjo incertidumbre en hogares y empresarios y debilitó un sector estratégico.
En salud, la promesa de transformar radicalmente el sistema tampoco se materializó como fue planteada. La reforma enfrentó obstáculos políticos, jurídicos e institucionales y el sistema terminó con profundas dificultades financieras y de prestación. El Gobierno heredó problemas estructurales de varios años, pero después de cuatro años tampoco consiguió demostrar que su alternativa hubiera producido un sistema más sostenible, eficiente y oportuno.
En seguridad está probablemente la mayor distancia entre promesa y resultado. La Paz Total ofreció una expectativa histórica: negociar simultáneamente con diferentes organizaciones armadas para reducir definitivamente la violencia. Se abrieron mesas y se produjeron ceses al fuego, pero el resultado territorial fue insuficiente. Los grupos armados conservaron o ampliaron su presencia y Colombia termina con graves problemas de extorsión, desplazamiento, confinamiento, secuestro y control territorial ilegal. Negociar fue una acción del Gobierno; pacificar el territorio era el objetivo. Y ese objetivo no se alcanzó.
La lucha contra el narcotráfico presenta una dificultad semejante. La política buscó modificar el enfoque tradicional de guerra contra las drogas, pero los cultivos de coca alcanzaron niveles históricamente altos. Esto constituye una debilidad especialmente importante porque el Gobierno había prometido una estrategia diferente: si el resultado final es una economía ilegal con enorme capacidad de expansión, la política alternativa no consiguió todavía demostrar su eficacia.
En contraste, el ambiente ofrece uno de los resultados más favorables. Colombia pasó de 123.517 hectáreas deforestadas en 2022 a 79.256 en 2023 y 113.608 en 2024. Esta última cifra fue la segunda más baja de los últimos 24 años. Es un logro real que debe atribuirse parcialmente a la política ambiental del Gobierno, aunque sería exagerado presentarlo como una solución definitiva: la deforestación continúa siendo enorme y la Amazonía sigue concentrando más del 60 % del fenómeno. El resultado demuestra que una política pública puede producir efectos positivos, pero también que el desafío continúa.
En reforma agraria también existe un avance importante. El Gobierno aceleró la compra y formalización de tierras y convirtió la cuestión rural nuevamente en una prioridad nacional. Sin embargo, comprar o entregar tierra no es suficiente para transformar el campo. El verdadero éxito deberá medirse por productividad, asistencia técnica, crédito, infraestructura, comercialización e ingresos rurales. El Gobierno avanzó en distribución, pero la transformación productiva del campo todavía está pendiente.
La reforma pensional constituye uno de sus principales logros legislativos. Petro consiguió aprobar una reforma que amplía la protección para personas mayores sin pensión y modifica sustancialmente el funcionamiento del sistema. El debate ahora será su sostenibilidad financiera y los efectos que producirá durante las próximas décadas. Es, por tanto, un cumplimiento importante del programa, aunque con una discusión fiscal que apenas comienza. Pensionarse en Colombia hoy para los jóvenes actuales significará una pensión irrisoria.
En corrupción y transparencia aparece una de las mayores contradicciones políticas. El Gobierno que llegó prometiendo acabar con el clientelismo y las prácticas de la vieja política terminó enfrentando el escándalo de la UNGRD, con investigaciones sobre contratación y sobrecostos, además de otros cuestionamientos relacionados con financiación política. No es jurídicamente correcto atribuir al Presidente responsabilidad penal por cada hecho investigado, pero sí es políticamente legítimo preguntar por los controles, la selección de funcionarios y la capacidad preventiva de su administración. La promesa era cambiar las reglas del juego y, en este aspecto, los escándalos muestran que la ruptura con las viejas prácticas no se produjo. Lastimosamente, Petro personalmente justificó y no condenó la corrupción de su gente y su familia, intentó negarla.
En política exterior, Petro consiguió mayor visibilidad internacional, especialmente en ambiente, biodiversidad y cambio climático, y acertó al restablecer relaciones con Venezuela. Pero la diplomacia estuvo frecuentemente condicionada por declaraciones presidenciales y confrontaciones ideológicas que generaron tensiones innecesarias, particularmente con Estados Unidos. Colombia necesita autonomía, pero autonomía no significa poner en riesgo relaciones estratégicas. Una política exterior eficaz debe convertir la posición internacional del país en cooperación, comercio, inversión y seguridad, no solamente en visibilidad.
El propio Gobierno reportó un avance de 71,16 % en los indicadores sectoriales de su Plan Nacional de Desarrollo. Ese dato demuestra que hubo una ejecución importante, pero no puede interpretarse como que Petro cumplió el 71 % de sus promesas de campaña. El indicador mide metas específicas del PND y no todas las promesas políticas. Por eso, el balance debe hacerse sector por sector.
Al final de cuatro años, Petro deja un país con mejores indicadores de pobreza, menor desempleo, avances en reforma agraria, una reforma pensional aprobada y una reducción significativa de la deforestación. Pero deja también una seguridad deteriorada, cultivos de coca en niveles preocupantes, una profunda crisis de vivienda, dificultades en salud, una situación fiscal más estrecha, cuestionamientos graves de corrupción y una transformación productiva todavía inconclusa.
La conclusión más justa no es que Petro no haya cambiado nada. Cambió la agenda política colombiana, cambió las prioridades del Estado y puso en discusión problemas que durante años permanecieron en segundo plano. Lo que no consiguió fue convertir esa nueva agenda en la transformación estructural que prometió. El contraste entre discurso y resultados es particularmente evidente en seguridad, vivienda, salud, lucha contra la corrupción y sostenibilidad económica.
Petro llegó al poder prometiendo un cambio histórico. Cuatro años después, el país no es el mismo, pero tampoco es el país que ese proyecto prometió construir. Su legado será precisamente esa contradicción: haber producido cambios reales en algunas áreas, pero haber dejado sin resolver —y en ciertos casos agravados— varios de los problemas estructurales que prometió solucionar.
Este análisis es necesariamente una síntesis. Un examen más amplio, detallado y documentado de cada uno de estos temas, con cifras, indicadores, fuentes oficiales y el contraste entre las promesas y los resultados del Gobierno, lo he desarrollado en mi blog. Allí puede consultarse el análisis completo, tema por tema, para quienes quieran profundizar más allá de este espacio de opinión, que por sus características y extensión no permite abordar toda la información con el rigor y la profundidad que merece.
Mas escritos, reflexiones y contenido del autor en: https://blogvidasabatica.blogspot.com/
* Ingeniero Ambiental y Economista, especialista en Planificación y Administración del Desarrollo Regional y Magíster en Medio ambiente y Desarrollo. Académico e investigador.
