Hay algo que inquieta —y mucho— en la política colombiana contemporánea: la facilidad con la que algunos dirigentes mudan de piel ideológica una vez alcanzan el poder.
No se trata de evolución del pensamiento, sino de una especie de travestismo político que desdibuja la voluntad del elector.
Resulta especialmente llamativo en el caso de quienes se presentan bajo banderas históricas como el Partido Liberal Colombiano, una colectividad que, en su esencia, defendía principios como las libertades individuales, la justicia social, el papel activo del Estado en la reducción de desigualdades y la protección de los sectores más vulnerables.
Sin embargo, no son pocos los elegidos que, tras alcanzar cargos públicos, terminan alineados con posturas que contradicen abiertamente esos fundamentos.
El fenómeno no es aislado. Basta observar lo ocurrido en múltiples alcaldías de capitales, municipios y gobernaciones: candidatos que hicieron campaña bajo discursos moderados o progresistas hoy se muestran como férreos defensores de una agenda de ultra derecha.
Una agenda que, en muchos casos, niega derechos laborales, cuestiona avances sociales y se opone a reformas estructurales como la pensional o la de salud, problemas que no nacieron con el actual gobierno, sino que se arrastran desde hace más de tres décadas.
Lo más preocupante no es solo la incoherencia, sino el engaño implícito al votante. Se elige un programa, pero se gobierna con otro. Se invocan principios, pero se actúa en su contra.
Así, la democracia se convierte en una torre de papel: frágil, manipulable y sin cimientos reales. Esta realidad obliga a una reflexión profunda.
Colombia necesita discutir seriamente una reforma estructural del sistema de partidos.
Una eventual constituyente no puede ser un capricho, sino una herramienta para establecer reglas claras que obliguen a la coherencia ideológica, a la responsabilidad política y al respeto por el mandato ciudadano.
El país merece saber con claridad por quién vota. Y, sobre todo, merece que ese voto no sea traicionado en el ejercicio del poder.
