A pocos días de la primera vuelta presidencial del 31 de mayo, el país se encuentra sumergido en uno de los ambientes políticos más crispados y nerviosos de los últimos tiempos. Las encuestas, convertidas en termómetro cotidiano de ansiedad y especulación, muestran principalmente a tres candidatos disputándose la querencia popular para ocupar la Casa de Nariño, mientras en las campañas el fervor electoral parece haber desplazado el debate serio sobre los problemas estructurales de la Nación.
El clima que rodea la contienda no solo está determinado por las promesas contenidas en programas de gobierno, sino también por una peligrosa degradación del lenguaje político. Los ataques personales, las difamaciones, las injurias y las diatribas han venido sustituyendo el examen responsable de propuestas realizables y sostenibles. En vez de discutirse con profundidad las fórmulas para aliviar el déficit social que golpea a millones de colombianos, buena parte del escenario electoral se ha convertido en un cuadrilátero verbal donde predominan la sospecha y el descrédito.
Tal vacío programático preocupa aún más si se observa la realidad de extensas comunidades vulnerables, marginadas e ignotas, cuyos territorios solo suelen aparecer en la agenda nacional cuando se registran masacres, desplazamientos o acciones criminales de grupos armados ilegales que actúan “con ánimo de señores y dueños”. Allí, donde el Estado apenas asoma de manera esporádica, persisten la pobreza, la informalidad, el desempleo y la desesperanza, problemas que deberían constituir el verdadero eje de la campaña presidencial.
Sin embargo, el nerviosismo político ha alcanzado niveles inéditos por cuenta de las declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien sin recato se ha comportado como jefe y conductor de la campaña del candidato de su colectividad. Más delicado aún resulta el hecho de haber sembrado dudas sobre la confiabilidad del proceso electoral, insinuando la posibilidad de fraude y señalando presuntas irregularidades en aspectos sensibles como el software de escrutinio, la escogencia de jurados y la transmisión de datos desde las mesas de votación.
Diversos analistas de opinión pública han advertido que semejante conducta resulta impropia de un jefe de Estado, pues mina la confianza institucional y erosiona la credibilidad democrática. Recuerdan, además, que el mismo sistema electoral hoy cuestionado fue el que permitió la elección legítima y válida del actual mandatario para el período que transcurre. De allí que muchos interpreten tales afirmaciones como una estrategia preventiva ante la eventual derrota del candidato oficialista, preparando desde ahora el terreno para denunciar un supuesto desconocimiento de la voluntad popular.
La preocupación no es menor. En un país con profundas fracturas sociales y una larga historia de violencia política, cualquier insinuación de fraude puede convertirse en combustible para la agitación callejera, la polarización extrema y el desorden institucional. Algunos sectores temen incluso que, bajo la sombra de tales “denuncias”, se incuben escenarios de asonada, bloqueos, destrucción de infraestructura y parálisis económica semejantes a episodios recientes que dejaron graves pérdidas humanas y millonarios daños materiales.
El debate sobre la transparencia electoral, desde luego, es legítimo y necesario en toda democracia. Pero otra cosa muy distinta es lanzar sospechas sin pruebas concluyentes desde la más alta magistratura del Estado, pues ello es infame. El país no puede quedar atrapado en una espiral de odio político, ni mucho menos permitir que el miedo o la desinformación sustituyan el juicio ciudadano.
La jornada del 31 de mayo será decisiva no solo para escoger un presidente, sino también para medir la madurez democrática de la Nación. El voto libre, consciente y respetuoso de la institucionalidad debe prevalecer sobre los gritos incendiarios, las amenazas veladas y las teorías conspirativas. Solo así podrá preservarse la estabilidad republicana y el anhelo colectivo de una Colombia menos crispada y más unida frente a sus enormes desafíos. A votar, pues, por una patria segura y con salud.
Jaime Cortés Díaz
