Llevamos más de 200 años construyendo instituciones, buscando fortalecer nuestra democracia. Pese a ello, hoy, los discursos de odio y enfrentamiento de clases, pronunciados por quien según la Constitución simboliza la unidad nacional, sumado al ejercicio irresponsable del poder, sin respeto alguno por las ramas del poder público, creyéndose dueño absoluto del Estado, sin restricciones legales y sin rendir cuentas a nadie, tienen a nuestra patria sumida en lamentable caos, permitiendo que la idea generalizada de la inexistencia efectiva de controles, nos lleve finalmente al desorden total y por consiguiente, a más violencia. A 5 días de las votaciones para elegir al sucesor de Petro, hay regiones particularmente sensibles en materia de orden público como el Pacífico, especialmente Cauca, Chocó y Nariño, el Catatumbo en el Norte de Santander, Arauca y Bajo Cauca antioqueño, Valle del Cauca y la Amazonía, conformada por sus 6 departamentos; Amazonas, Caquetá, Guainía, Guaviare, Putumayo y Vaupés, debido al combate entre grupos ilegales por el control del territorio, rutas del narcotráfico y minería ilegal. En 585 municipios hay presencia de grupos armados según la MOE y en 213 de ellos las elecciones no van a ser libres, porque Petro ha permitido que sean controladas por los mismos, para presionar la votación por Cepeda. La pérdida consciente del monopolio de la Fuerza Pública por parte del Estado, fue el camino seguido por naciones como Venezuela en el reciente pasado. En lenguaje poco usual de las altas Cortes, el Consejo de Estado respondió al fuerte ataque en su contra por parte del Gobierno al suspender el decreto con que el mandatario ordenaba el traslado exprés de 25 billones de los Fondos Privados a Colpensiones: “A poderes mayores, mayores controles. A poderes desbordados, controles efectivos inmediatos”. Su tesis del supuesto “bloqueo institucional” al que atribuye la falta de resultados, empezó a construirla sobre fallos de las Cortes que se han opuesto a sus ilegales actuaciones, en claro desconocimiento de mandatos constitucionales. Esta forma de criminalizar la función judicial, no solo mina la confianza ciudadana sino también la credibilidad en las instituciones. La peligrosa narrativa presidencial de un supuesto fraude electoral, puede tener consecuencias funestas como el asalto a la plaza de los tres poderes en Brasil el 8 enero de 2023 y al Capitolio en Washington, el 6 de enero de 2021. Petro ha cuestionado el sistema tecnológico utilizado para el conteo de los votos y ha mencionado supuestas fallas históricas en el sistema electoral en procesos anteriores, por lo que ha pedido acceso completo al código fuente del software de escrutinio. Ante su exigencia, la Registraduría ha sido clara en que se han realizado auditorías al sistema, e incluso, que el código ha estado disponible para ser revisado por campañas y organismos autorizados, advirtiendo que la entrega de los accesos no lo hará por poner en riesgo el proceso. La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea contradijo la tesis de un supuesto fraude y aseguró que el sistema colombiano “es extremadamente transparente”, destacando además, las garantías existentes para los partidos durante los procesos de auditoría y escrutinio, respaldando a la Registraduría en su decisión de no entregar los accesos al código fuente. La prueba irrefutable de su seguro funcionamiento, es su propia elección como presidente en el 2022. Lo que busca desde ya, pese a la compra del voto y la presencia de los fusiles, es justificar su segura y gran derrota.
Alberto Zuluaga Trujillo. Alzutru45@hotmail.com
