La realidad económica que enfrentan hoy las familias en Pereira, ha dejado de ser una preocupación silenciosa, para convertirse en un clamor desesperado. Desde hace meses, diversos analistas y ciudadanos comprometidos, han puesto de manifiesto la asfixiante situación financiera que atraviesan los hogares pereiranos, donde el costo de vida se ha disparado de forma alarmante. Vivir en la capital de Risaralda se ha transformado en un desafío constante, marcado por el incremento desmedido en los servicios públicos domiciliarios, un sistema de transporte que resulta tan oneroso como ineficiente, y arrendamientos de vivienda que devoran gran parte de los ingresos mensuales. Para aquellos que poseen vivienda propia, el panorama no es más alentador; los avalúos catastrales han alcanzado cifras elevadísimas que, sumadas a las altas tasas del impuesto predial, hacen que la propiedad de un inmueble sea una carga cada vez más gravosa y difícil de sostener para el ciudadano de a pie.
Esta crisis se ve agravada por una inflación que sitúa a Pereira, junto con Armenia y Manizales, entre las ciudades con los índices de precios más altos del país. Aunque la región del Eje Cafetero se promociona como un destino sublime para vivir, esta narrativa ha atraído a residentes de grandes ciudades y extranjeros con ingresos significativamente superiores a los de un profesional o comerciante local promedio. El efecto colateral es devastador: un impacto directo en el encarecimiento de la propiedad raíz, los servicios de alimentación y la educación privada, desplazando económicamente a quienes han construido su vida en esta tierra y hoy ven su poder adquisitivo molido por fuerzas externas.
El análisis de los servicios públicos merece un capítulo aparte. Es indignante observar cómo el aumento anual de las tarifas supera con creces la tasa de inflación, mientras las empresas prestadoras abusan de su posición mediante el cambio injustificado de medidores, y ofrecen un servicio de aseo cuyo pésimo desempeño no guarda relación con el alto valor facturado. Ante esta realidad, la administración municipal, en cabeza del alcalde, parece haber claudicado en sus funciones como primera autoridad. En lugar de proteger el bolsillo ciudadano, la gestión se ha centrado en un aumento abusivo de la planta de personal y de contratistas, una maniobra que parece responder más a intereses de politiquería, que a necesidades técnicas reales. El propósito parece claro: consolidar una maquinaria que permitió elegir a familiares cercanos del mandatario al Congreso de la República, utilizando los recursos públicos como cínica herramienta de campaña política, e imponer su sucesor para el próximo cuatrienio.
Esta maniobra ha contado con el silencio cómplice de un Concejo Municipal que ha evitado aprobar rebajas sustanciales en el impuesto predial o en el de industria y comercio. Por el contrario, se mantienen onerosas contribuciones en los estratos más altos para financiar fondos de solidaridad que no parecen aliviar la carga general. A pesar de que los ingresos de libre destinación han crecido, para este 2026 se aprobó un presupuesto de 1.8 billones de pesos, complementado con una deuda pública que ya ronda los 300.000 millones de pesos, hipotecando el futuro de la ciudad sin que se perciban mejoras en la calidad de vida de los habitantes.
Mientras tanto, la inseguridad sigue desbordada y la educación pública languidece en infraestructuras deplorables, obligando al cierre de planteles y al traslado de estudiantes a sitios en condiciones igualmente precarias. El gasto público brilla por su ausencia en la vivienda social o en la atención a poblaciones vulnerables como ancianos, niños de la calle o jóvenes sumidos en la drogadicción. En lugar de soluciones, la administración ofrece espectáculos de «rezo y trago», donde los altos funcionarios se muestran en actos públicos de oración mientras ignoran a la masa ciudadana que hoy sobrevive en la pobreza. Los impuestos no se invierten en salud, paz o bienestar, sino en obras suntuosas y logística para fiestas populares. Resulta especialmente sospechoso que una sola firma, GPS, haya suscrito once contratos con este alcalde por más de 70.000 millones de pesos en procesos sin competencia, lo que exige una intervención de la Superintendencia de Industria y Comercio para investigar una posible colusión. Pereira no puede seguir financiando el derroche mientras sus ciudadanos se hunden en la pobreza.
Aunque muy trillada la frase, vale la pena retomarla para terminar diciendo: A QUÉ HORAS PERDIMOS A PEREIRA !!!
