Por: Johnson Ortiz Parra.
Colombia necesita profundas reformas. Reformas sociales, políticas, judiciales, laborales, educativas, pensionales y de salud. Pero, por encima de todas ellas, necesita una reforma ética.
Durante décadas se ha hablado de la inequidad social, de la pobreza, de la concentración de la riqueza, de la corrupción y de la exclusión de millones de colombianos. Sin embargo, cuando un gobierno intenta introducir cambios para modificar esas realidades, aparecen los mismos sectores que históricamente han controlado el poder para bloquear, torpedear, atacar o simplemente negar cualquier transformación.
Las reformas sociales, laborales, de salud y de equidad impulsadas por el presidente Gustavo Petro han sido torpedeadas, atacadas y negadas por amplios sectores del Congreso y por una oposición que gobernó durante los últimos cuarenta años bajo el modelo neoliberal instaurado por César Gaviria Trujillo y sostenido por gobiernos posteriores. Un modelo que prometió prosperidad para todos y terminó ampliando las brechas sociales y económicas.
La historia reciente del país está marcada por alianzas entre poder político, poder económico y estructuras criminales. Gobiernos enteros fueron salpicados por escándalos relacionados con narcotráfico, paramilitarismo, corrupción y compra de conciencias. Sin embargo, muchos de quienes guardaron silencio frente a esos episodios hoy se presentan como guardianes de la democracia y de la moral pública.
Esa es la verdadera hipocresía nacional.
Hoy, cuando Gustavo Petro anuncia, de manera implícita, que estará al frente de la campaña política para defender su proyecto de gobierno y sus reformas, numerosos sectores ponen el grito en el cielo. Pareciera que el país hubiera descubierto apenas ahora la relación entre poder y política.
Pero la realidad es otra.
La Constitución establece que los funcionarios públicos no deben intervenir en política. Sin embargo, durante décadas esa norma ha sido vulnerada sistemáticamente por alcaldes, gobernadores, ministros, congresistas, altos funcionarios del Estado, miembros de organismos de control e incluso sectores de la fuerza pública.
Como periodista con más de cincuenta años de ejercicio profesional, puedo afirmar que he visto gobiernos completos trabajando por sus sucesores. He visto mandatarios apoyando candidatos, promoviendo herederos políticos y utilizando su influencia para mantener cuotas de poder. He visto gobernadores impulsando aspirantes al Congreso, alcaldes promoviendo candidatos a las gobernaciones y funcionarios defendiendo proyectos políticos propios.
Y si de intervenciones políticas desde el poder se trata, pocos hechos fueron tan evidentes como las reelecciones presidenciales que marcaron los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez y Juan Manuel Santos.
Por eso surge una pregunta inevitable: ¿dónde estaban los actuales guardianes de la moral pública cuando se construían esas reelecciones? ¿Quién levantó entonces la voz con la misma intensidad y el mismo dramatismo que hoy utilizan contra Gustavo Petro?
La respuesta es incómoda porque desnuda una verdad que muchos prefieren ignorar: la hipocresía se convirtió en una práctica cotidiana de nuestra vida pública.
La hipocresía consiste en defender unos principios mientras se actúa en sentido contrario. Es aparentar virtudes que no se practican. Es exigir conductas que uno mismo incumple. Es condenar en los adversarios lo que se justifica en los aliados.
Desde la filosofía, la hipocresía representa una falta de coherencia moral. Desde la psicología y la sociología, puede entenderse como un mecanismo de adaptación social mediante el cual los individuos ocultan sus verdaderas intenciones para evitar conflictos o conservar privilegios.
Y quizás allí radica el problema de Colombia.
Todos practicamos algún grado de hipocresía. Los políticos. Los empresarios. Los medios de comunicación. Los periodistas. Los líderes gremiales. Los magistrados. Los organismos de control. Los ciudadanos.
Cada sector defiende sus intereses, sus creencias y sus proyectos de poder.
Por eso resulta difícil aceptar que el debate actual no gira realmente alrededor de la participación política del Presidente. Lo que está en discusión es quién tiene derecho a influir en el futuro del país y quién no.
Petro, para bien o para mal, ha sido consecuente con las ideas que defendió durante décadas y con el mandato popular que lo llevó a la Presidencia. Sus partidarios sostienen que intenta cumplir las promesas por las cuales fue elegido. Sus opositores consideran que amenaza el modelo institucional vigente.
Ese es el verdadero debate.
Pero convertirlo en una discusión moral sobre la participación política de los funcionarios públicos, cuando históricamente todos los gobiernos han actuado de manera similar, constituye un ejercicio monumental de hipocresía.
Quizás llegó el momento de revisar esa norma constitucional, actualizarla y adecuarla a la realidad política del país. Porque las leyes que nadie cumple terminan convirtiéndose en monumentos a la ficción jurídica.
Colombia necesita reformas. Pero antes de cualquier reforma económica, laboral o social, necesita sinceridad.
Necesita dejar de fingir.
Necesita reconocer que la hipocresía se convirtió en uno de los pilares invisibles sobre los cuales ha funcionado la política nacional durante décadas.
Y mientras no seamos capaces de admitirlo, seguiremos actuando detrás de una máscara colectiva que nos permite condenar en otros exactamente aquello que practicamos todos los días.
