El reloj del portal SECOP II marcó las 5:00 p.m. de este 16 de junio de 2026 y el dictamen fue el silencio absoluto: cero ofertas presentadas, cero respuestas a las observaciones de los interesados, cero ajustes al cronograma o excusa alguna por el incumplimiento continuo a los plazos allí establecidos y una desinformación total hacia la ciudadanía. Este escenario, lejos de ser un accidente, parece ser el resultado de una gestión en manos de incapaces que han dejado el proceso licitatorio de la PTAR Pereira-Dosquebradas —valorado en más de $433 mil millones— sin dolientes institucionales. Lo que hoy presenciamos es el camino a un fracaso contractual, sino también a la pavimentación deliberada de un camino que conduce a la insolvencia y posterior privatización de la empresa Aguas y Aguas de Pereira.
La desidia administrativa que hoy impera en la «joya de la corona» de los servicios públicos de la ciudad no es nueva. El manejo de la empresa ha pasado de ser una entidad pública de grandes beneficios, a una sociedad regida por intereses rapaces, facilitando que el patrimonio de los pereiranos quede a merced de la politiquería y la falta de vigilancia. El actual proceso de la PTAR repite los vicios de gestiones anteriores, como el estrepitoso fracaso del Convenio 186 de 2010 en el Chocó, donde la deficiente gerencia de Aguas y Aguas resultó en acueductos inconclusos y más de $6.197 millones en anticipos sin justificar, y sus demás procesos contractuales a dedo y con grandes sobrecostos.
La falta de capacidad técnica se hizo evidente en la reunión del pasado 10 de junio, donde la Gerente de la entidad fue incapaz de responder interrogantes básicos sobre el costo de las ganancias ambientales que la planta generaría para la ciudadanía y para nuestro río titular, el Otún, y un costo probable de la tarifa por su operación. A esta incertidumbre se suma un silencio administrativo cómplice sobre la situación de Dosquebradas: nadie ha garantizado si el municipio vecino cumplirá con la construcción de todos los colectores necesarios para transportar sus aguas residuales a la planta. Sin estos colectores, la PTAR, con su tecnología de lodos activados diseñada hace casi una década, será un monumento a la ineficiencia que seguirá permitiendo la contaminación del Otún.
La planeación efectiva, exigida por ley, ha sido sustituida por la improvisación. Tal como ocurrió con la planta de tratamiento de lodos —proyecto que pasó de costar $8.903 millones a más de $23.080 millones tras «carnudas» adiciones y que aún permanece incompleto—, la PTAR Pereira-Dosquebradas nace condenada a cuantiosos sobrecostos. Utilizar diseños obsoletos de 2018 y 2019 implica un retraso tecnológico de diez años que, según expertos, disparará adiciones presupuestales de hasta $216.500 millones. Estos sobrecostos no serán asumidos por los directivos incapaces, sino que se trasladarán directamente al bolsillo del usuario mediante aumentos desproporcionados en las tarifas de alcantarillado.
La parálisis técnica y la falta de transparencia sobre el estado real del proceso licitatorio no hacen más que confirmar que la empresa está siendo llevada al límite de su estabilidad financiera. Una empresa que no puede ejecutar sus proyectos estratégicos y que oculta sus fracasos operativos es una empresa que se prepara para ser entregada al sector privado bajo el argumento de su propia inviabilidad.
Es imperativo que la ciudadanía despierte ante esta amenaza. La PTAR Pereira-Dosquebradas es una necesidad ambiental urgente, pero no puede ser el pretexto para que la mediocridad de una clase dirigente sacrifique la propiedad pública de Aguas y Aguas. Debemos exigir que se declare desierta esta licitación con inmensas deficiencias planeativas, que se actualicen los diseños y presupuesto a las realidades tecnológicas del 2026, que el gobierno nacional vigile la destinación de sus recursos, y que se garantice que Dosquebradas cumpla su parte del compromiso técnico. De lo contrario, seguiremos pagando el precio de la impunidad y la tolerancia con quienes gobiernan desde la ignorancia y la desidia. ¡Dios nos proteja de esta administración que, entre el lodo de sus obras inconclusas y la opacidad de sus contratos, nos conduce irremediablemente a la privatización!
El único contrato que funcionó a la perfección fue el celebrado con Angel Becassino, que además no sabemos cuál fue su noble fin.
