El propósito central de la construcción bajo normas de sismorresistencia, no es evitar totalmente los daños materiales de la construcción, sino el de impedir el colapso de la misma, preservando la vida de sus ocupantes. El cabal cumplimiento de esta norma, la NSR-10 que actualmente rige, busca construir edificaciones no rígidas, sino flexibles, permitiendo que la edificación se deforme y disipe la energía del sismo mediante agrietamientos en su mampostería, dando tiempo a su desocupación. En el país, las licencias de construcción son otorgadas por los curadores urbanos y en los municipios que no cuentan con esta figura, la competencia recae directamente en la autoridad municipal o departamental correspondiente, quienes delegan en las oficinas de planeación o de obras públicas. Su labor es revisar que los proyectos cumplan con las normas urbanísticas, no haciendo control operativo de las construcciones, pues el control urbano, la inspección de las obras en ejecución y la verificación de que se construya bajo los términos de la licencia concedida, corresponde a las alcaldías a través de las secretarías de planeación u obras públicas, teniendo la facultad de imponer multas, suspender obras u ordenar demoliciones si detectan incumplimientos o irregularidades durante el proceso constructivo. Y es aquí donde radica el mayor problema. Siendo las alcaldías entidades eminentemente políticas susceptibles de corrupción, la observancia estricta de las normas es fácilmente pretermitida, siendo causal de gravísimas consecuencias. El resultado de procesos de selección y contratación amañados, con oscuros manejos de firmas e ingenieros venales, quienes por rebajar sus costos y ampliar sus ganancias construyen sin cumplimiento estricto de la NSR-10, son los verdaderos culpables de la pérdida de activos materiales y de vidas humanas. No estamos señalando responsables de la tragedia del 10 de agosto, ni más faltaba. Muchas edificaciones colapsaron por haber sido construidas antes de la expedición de las normas de sismorresistencia, como también es posible que construcciones autorizadas con la norma se hayan derrumbado por su no estricta aplicación. El colapso del complejo residencial Space en el sector del Poblado de Medellín, ocurrido el 12 de octubre de 2013, tres años después de expedida la norma de sismorresistencia NSR-10, causando la muerte de 12 personas al derrumbarse la torre 6 y obligando a demoler el resto del conjunto por fallas de diseño y construcción, es un antecedente funesto de la irresponsabilidad en el cumplimiento riguroso e inflexible de las normas que regulan la construcción. No solo debería llevarse un registro fílmico y detallado durante todo el proceso de la construcción, sino garantizar el cumplimiento severo de los diseños de ingeniería con el riguroso control de la calidad de los materiales. La realización de inspecciones estructurales de forma regular, a la par con evaluaciones técnicas con monitorización en tiempo real y la implementación de seguros refuerzos aplicados especialmente a aquellas construcciones declaradas patrimonio arquitectónico, previenen el colapso de edificaciones antiguas. El examen de esta tragedia del 10 de agosto de 2026, debe dar lugar a una actualización de la NSR-10 que cumple 16 años de atraso, al igual que un estudio serio sobre el cumplimiento de la normatividad y la forma de verificar y asegurar su observancia. Con la gravedad de lo sucedido, y ante la ocurrencia de inevitables terremotos en el futuro, solo con una efectiva vigilancia de los distintos organismos del Estado, podremos evitar estas dolorosas pérdidas humanas.
Alberto Zuluaga Trujillo. Alzutru45@hotmail.com.
