Jaime Cortés Díaz
Pareciera que todos los males hubieran “convenido” llegar juntos con el cambio de Gobierno. A las secuelas de una administración cuestionada por el manejo de las cuentas públicas se agregó la furia de la naturaleza manifestada en un terremoto devastador; a ello hay que agregarse las olas de incendios criminales en vastas zonas agropecuarias, justamente cuando el país necesita incorporar territorios, recuperar confianza y poner en marcha una agenda capaz de enderezar su rumbo económico y social.
En medio de semejante escenario apareció el denominado “Presupuesto de la Verdad” para 2027: $634,9 billones, casi $60 billones más que el proyecto dejado por la anterior administración. La explicación del Gobierno resulta preocupante por ignorar obligaciones en deuda, pensiones, salud, salarios, combustibles y universidades que no habrían quedado suficientemente reflejadas en las cuentas recibidas.
Así, sobre el catafalco fiscal, y no propiamente sobre el Altar de la Patria, aparece una realidad que obliga a separar el relato de las cifras.
No significa ello desconocer algunos indicadores favorables de la economía. Significa entender que crecimiento y solidez fiscal no son necesariamente sinónimos. Una economía estimulada por gasto y consumo no reemplaza aquella sustentada en inversión, productividad, formación de capital y creación permanente de riqueza. Sin inversión privada suficiente, el crecimiento termina respirando con pulmón prestado.
Mauricio Cárdenas ha advertido sobre cuentas en rojo y falta de claridad en la trazabilidad de recursos. Y Luis Carlos Vélez ha llevado el interrogante al terreno que por obligación deberá esclarecerse: ¿qué ocurrió con tan cuantiosos dineros y cuál fue su destinación efectiva? Preguntar no equivale a condenar. Corresponderá a los organismos competentes establecer responsabilidades donde haya mérito, especialmente frente a movimientos y contrataciones de última hora hoy sometidos a examen.
Pero aparece otra sombra. Según estimaciones del centro Valor Público de la Universidad EAFIT, la economía de la cocaína habría alcanzado en 2024 unos US$16.500 millones, superando los US$15.000 millones de las exportaciones petroleras. The Economist acaba de llamar de nuevo la atención mundial sobre semejante paradoja colombiana. No se trata, por supuesto, de una exportación incorporada a las cuentas corrientes oficiales, sino de dimensionar el monstruoso tamaño adquirido por una economía ilegal que alimenta organizaciones criminales, violencia y dominio territorial. La herencia, entonces, no puede examinarse solo desde la contabilidad. Es fiscal, productiva, institucional y de seguridad. ¿Con qué pala se cubrirá el despojo del delito?
El experto Santiago Pardo ha propuesto una salida diferente a otra reforma tributaria impositiva: promover bonos de obligatoria suscripción para las sociedades, calculados sobre sus utilidades y luego negociables en el mercado. La discusión apenas comienza, pero revela el tamaño del bache que es necesario cubrir mientras, en simultánea, hay que financiar la reconstrucción nacional.
Y mientras el país intenta conocer la profundidad del hueco, la política opositora no descansa. Se habla ya de organización preparatoria para las elecciones regionales y las de 2030. Allí surge otro interrogante inevitable, ¿cómo presuntamente se financian esas estructuras y actividades partidistas? La transparencia exigida al Estado debe cobijar también la procedencia y utilización de los recursos de quienes aspiran a recuperar el poder. Las fuerzas democráticas tampoco pueden permanecer contemplativas. Deberán prepararse sin egoísmos, improvisaciones ni dispersiones que comprometan la continuidad institucional.
En conclusión, el gobierno de ADLE tiene unas tareas colosales: generar confianza institucional, reconstruir lo destruido y ayudar a las víctimas del terremoto e incendios, lo cual será costoso; sanear las cuentas públicas, lo que tomará mucho tiempo; recuperar la inversión, enfrentar las economías ilícitas, cumplir con los planes reivindicativos en salud y cumplir con la agenda prometida. Todo con el apoyo ciudadano. La democracia en capacidad organizativa es invencible. Las lecciones están dadas, falta saber si se aprendió a leerlas.
