Colombia vuelve a encontrarse frente a uno de sus más inquietantes desafíos históricos: la defensa de la moral pública ante las denuncias de corrupción, los abusos del poder y el debilitamiento de la confianza ciudadana en sus instituciones. Pareciera que la Nación estuviera sometida a una interminable sucesión de escándalos, mientras el patrimonio colectivo corre el riesgo de confundirse con una hacienda particular.
Las investigaciones sobre antiguos directivos del Congreso, los cuestionamientos alrededor de Ecopetrol, las recientes declaraciones de la española Eva Ferrer sobre Verónica Alcocer, así como las denuncias públicas de la exdirectora del Dapre Angie Rodríguez, configuran un panorama que exige esclarecimiento. A ello se agregan controversias sobre nombramientos, contratación estatal, influencias personales y posibles conexiones internacionales con organizaciones delictivas. Son hechos y señalamientos de distinta naturaleza, cuya verificación corresponde a las autoridades, para efectos de responsabilidades penales.
Pero más allá de nombres y episodios, emerge una preocupación fundamental ya dichas antes aquí, y es ¿quién custodia verdaderamente los recursos de los colombianos? ¿Dónde están los controles administrativos, la vigilancia fiscal y una justicia capaz de actuar con oportunidad, sin permitir que la prescripción termine convirtiéndose en refugio de la impunidad?
Estas circunstancias invitan a recuperar, y en especial para las nuevas generaciones, el pensamiento de Jorge Eliécer Gaitán, aquel extraordinario tribuno popular que, desde una izquierda democrática, levantó las banderas de la justicia social y la dignidad humana, enfrentándose a las oligarquías y denunciando la degradación de las costumbres políticas. Gaitán, fundador de la Unión Nacional de Izquierda Revolucionaria (UNIR), comprendía que la pobreza no reconocía fronteras partidistas. Su lucha convocaba a liberales y conservadores humildes, unidos por necesidades comunes y por la esperanza de una República menos desigual. No concebía la reivindicación popular como licencia para apropiarse del Estado, sino como compromiso con su transformación democrática. En su memorable discurso de 1946 por la Paz denunció el tratamiento indigno dispensado al pueblo, comparable al manejo de feudos privados. Y proclamó una consigna que atravesaría generaciones: «¡Pueblo, por la restauración moral, a la carga!» Aquella restauración no consistía únicamente en perseguir ladrones del tesoro público. Comprendía reconstruir la ética colectiva, dignificar las instituciones y establecer que el ejercicio del poder constituye una responsabilidad, jamás una escritura de propiedad sobre la Nación.
Su pensamiento adquiere particular resonancia cuando las promesas de cambio terminan confrontadas con denuncias sobre prácticas que se ofreció erradicar. La contradicción merece examinarse al ver que la corrupción atravesó a un gobierno reciente de orientación izquierdista en contra de la virtud Gaitanista.
Gaitán fue asesinado el 9 de abril de 1948, cuando aspiraba a la Presidencia. Décadas después, el asesinato del también aspirante presidencial Miguel Uribe Turbay, fallecido el 11 de agosto de 2025, recordó que la violencia política continúa siendo una amenaza contra la democracia colombiana y la vida de sus líderes más connotados para ejercer el poder. De igual modo ocurrió con otro que podía llegar: Luis Carlos Galán, asesinado por las mafias el 18 de agosto de 1989.
Las diferencias históricas e ideológicas no impiden reconocer en ellos una misma exigencia republicana en donde las controversias se resuelvan mediante instituciones, argumentos y votos, nunca mediante la violencia.
Hoy, cuando las investigaciones alcanzan escenarios nacionales e internacionales, corresponde exigir independencia judicial, cooperación entre autoridades, recuperación de recursos desviados cuando se compruebe su apropiación y sanciones ejemplares conforme al debido proceso.
La restauración moral no pertenece a la derecha ni a la izquierda; pertenece a la ciudadanía cuya confianza no puede seguir dilapidándose por causa de asesinos. La verdadera vigencia de Gaitán, lo mismo de Miguel y Galán, está en recordar que el Estado pertenece al pueblo, no a sus gobernantes. Y que defenderlo exige justicia, transparencia y autoridad moral, sin excepciones ni privilegios. La expresión ¡A LA CARGA! equivale hoy a ¡FIRME POR LA PATRIA!
Jaime Cortés Díaz
