El 12 de agosto, dos días después del terremoto, el Ministerio de Hacienda le pidió al Banco internacional de Reconstrucción y Fomento, que desembolsara 200 millones de dólares del contrato de empréstito externo número 9774-CO negociado por el gobierno del presidente Petro el 27 de junio de 2025 y cuya finalidad era atender emergencias que se causaran en el territorio colombiano.
El desembolso de los 200 millones de dólares se produjo el 13 de agosto pasado, de acuerdo con certificación emitida por la Subdirección de Operaciones de los Registros Contables. El dinero fue consignado en una cuenta del City Bank y quedó codificada en el sistema de deuda pública SDP No.542100141.
La activación de la opción de desembolso se produjo por efectos de la catástrofe derivada del sismo ocurrido el 10 de agosto de 2026. Pero la información no fue hecha pública.
Mientras el dinero reposaba en una cuenta del Ministerio de Hacienda, los alcaldes y gobernadores de los municipios y departamentos afectados por el terremoto suplicaban por recursos del gobierno nacional para atender la emergencia que causó 335 muertos, 207 mil viviendas dañadas, 36 mil viviendas quedaron destruidas, medio millón de personas afectadas, además de escuelas, colegios, centros de salud, hospitales, acueductos y alcantarillados.
La respuesta del gobierno nacional fue que no tenía recursos y debido a ello empezó a emitir decretos para facilitar que los gobiernos locales y territoriales se endeudaran o modificaran el destino de partidas presupuestales.
Mientras miles de personas con rudimentarias herramientas y centenares de rescatistas trabajaban para recuperar victimas; y los gobernantes buscaban el apoyo de empresas privadas para remover escombros, el ministro de hacienda Miguel Gómez Martínez, escondió la información de que ya disponían de los recursos para iniciar el proceso de reconstrucción.
Esa actitud se explica porque no tenían ninguna intención de presentar públicamente que el dinero que ya estaba en el tesoro nacional era producto de un crédito negociado por el gobierno anterior. Por eso se mantuvo la narrativa de “la olla raspada”.
Convenientemente el ministro Gómez esperó hasta el 17 de septiembre para gestionar el decreto 1412 por cual se adicionó el presupuesto general de la nación de la vigencia fiscal de 2026, en el marco de la emergencia económica, social y ecológica por grave calamidad pública en parte del territorio nacional.
Este ministro le ocultó al Congreso reiteradamente la existencia de esos 200 millones de dólares y el gobierno nacional sólo se los hizo saber en una sesión bicameral el 15 de octubre, señalando que ese sería el aporte inicial para el Fondo Milagro, que se destinaría esencialmente para remoción de escombros.
Esa opacidad en el manejo de la información, la manipulación de las cifras y el ocultamiento de datos le ha generado al gobierno nacional y muy especialmente al presidente de la república, un daño creciente en su imagen y una desconfianza pública sobre la transparencia del manejo de los asuntos de Estado.
El cálculo político ha puesto a sufrir a miles de personas y ha creado una crisis en las finanzas públicas de las entidades territoriales, incapaces presupuestalmente de atender íntegramente el desastre.
Con la plata en el banco el gobierno hubiera podido desde el 1 de septiembre adicionar los 200 millones al presupuesto y girarlos a través de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, que tiene un fondo especial para atención de desastres.
Decepciona el manejo que se le ha dado a la reconstrucción y preocupa enormemente la ineficiencia, incapacidad e irresponsabilidad del ministro de hacienda, que se negó sistemáticamente a aceptar los pedidos de los congresistas para incluir en el presupuesto general de la nación de 2027 una partida específica para la reconstrucción por efectos del terremoto.
La credibilidad institucional y política del gobierno nacional para atender los territorios que sufrieron la destrucción por el peor terremoto sucedido en Colombia en el último siglo está bastante cuestionada.
Nota: Esta columna se escribe con base en la respuesta del Ministerio de Hacienda a un derecho de petición al veedor quindiano Luis Alberto Vargas.
Preocupante denuncia. Solo nos permite deducir que el apoyo para la reconstrucción van a ser minimos. Un presidente que solo busca figurar y que no ha pasado de las fotos y los anuncios. Y un ministro de hacienda que le falta peso en la cola. Lo tiene desbordado la situación. Solo apellidos.