A pesar de todo, hay que insistir.

El sector constructor del área metropolitana Pereira- Dosquebradas, afronta una grave crisis. Esta afecta no solo a empresas constructoras, y su cadena productora de insumos, con los miles de empleos directos e indirectos que generan, sino que, son mayores las problemáticas de los profesionales de arquitectura e ingeniería y sus ramas afines, cuya principal fuente de empleo y demanda de su conocimiento y experiencia, es la actividad constructora privada, y en mayor medida, el sector público en las actividades de vivienda, obras públicas, servicios públicos, y consultoría, entre otras. No hay suficiente demanda de servicios, que absorba la importante oferta local de ingenieros y arquitectos.

Recordemos que Pereira cuenta con una facultad de arquitectura, y dos de ingeniería civil, que entregan cada año al mercado laboral y de servicios centenares de profesionales, a esto sumémosle la llegada de profesionales de las capitales circunvecinas, que ven nuestra ciudad como la tierra prometida. Esta sobreoferta, genera una condición lógica del mercado laboral y de servicios, los salarios y costos del servicio ofertado van a la baja o permanecen congelados, produciendo el empobrecimiento, y el acelerado aniquilamiento de firmas del sector constructor, muchas con años de experiencia y sacrificio, en las cuales se han depositado esfuerzo, tiempo y recursos. Las esperanzas de un mejor futuro naufragan. De nuevo.

Como posibles orígenes de esta situación están, por el sector vivienda, los altos costos del dinero en el mercado financiero que hace imposible para muchos colombianos acceder a una vivienda digna, causante del desplome de esta actividad. A lo anterior hay que sumarle los altos costos al tramitar la licencia de construcción respectiva, y cancelar los denominados deberes urbanísticos contenidos en el POT, que estimulan que más del 60% de las construcciones se hagan sin la licencia respectiva, o con una denominación que no corresponde. Practica recurrente y tolerada por autoridades locales. Informalidad al orden del día. Por la actividad del sector oficial, está la gran corrupción que anida en nuestras instituciones, que impide a muchas firmas y profesionales del sector constructor y consultoría, participar en los procesos que por ley, deben convocar estas entidades para contratar la ejecución de sus proyectos. Pero como dice el viejo refrán, “hecha la ley, hecha la trampa”.

El principio constitucional que la solicitud, recibo y evaluación de ofertas para la adquisición de bienes y servicios, será por licitación pública, fue herida por el mismo legislador, al permitir los famosos regímenes especiales. Ya no se busca la propuesta más ventajosa, sino que el proceso quede en manos del ungido previamente. En esta perversa estrategia aparecieron los famosos contrataderos, entidades que pueden adjudicar directamente, sin procesos públicos, y por consiguiente sin libre competencia, y publicidad cero. En Risaralda estamos llenos de éstos. Hagamos una corta lista:

• Empresas de servicios públicos (Aguas y Aguas, Aguas y Aseo de Risaralda, Serviciudad);
• hospitales públicos (San Jorge, Santa Mónica, San Pedro y San Pablo, San Vicente de Paul);
• Empresas industriales y comerciales del estado (EDUR, EDUP, ASOMUR, CII CONSTRUCCIONES), entre las que tenemos noticias. En estas entidades se adjudican a dedo contratos multimillonarios de vías, vivienda, servicios de consultoría y otros. Aquí no operan los principios constitucionales de igualdad, moralidad, economía, imparcialidad, eficacia, eficiencia, participación, publicidad, responsabilidad y transparencia.

Este asqueroso y criminal saqueo de rentas públicas, y violación de nuestro estado de derecho se ejecuta mediante estos conocidos procedimientos. Lo grave es que su corrección la tiene el Congreso que, en su mayoría de integrantes, utiliza este mecanismo para su propio beneficio. Legisladores y gobernantes son ahora la mayor competencia. Pero también es responsabilidad nuestra, para eso debemos rechazar y denunciar estas prácticas mafiosas. Esto empieza a cambiar, si participamos en la denuncia y exigimos prontos resultados de la justicia.

A los corruptos regionales no les gusta que denunciemos, pero a pesar de todo, insistimos.

Carlos Alfredo Crosthwaite Ferro