La tarea que efectuamos hace ya años, como veedor ciudadano, y las incontables denuncias por graves hechos de corrupción que a diario suceden en ejercicio de la función pública en este departamento por parte de funcionarios de alto o mediano perfil, poco o nada causan en los diferentes organismos de control, que los impulse siquiera a averiguar sobre la veracidad de las mismas. Estas denuncias no solo están encaminadas a generar en la comunidad un llamado de atención, pues los recursos dispuestos para solucionar los problemas que tienen miles de familias, ante la ausencia o deficiencia en dotación de agua potable, establecimientos educativos seguros y modernos, planes de alimentación escolar de calidad y más cobertura, vías urbanas y rurales seguras y modernas, servicios públicos domiciliarios de calidad, vivienda digna, en fin, todo lo que aspiramos a obtener de un estado democrático y eficiente, están quedando en bolsillos de políticos y contratistas corruptos.
Las denuncias también están encaminadas a provocar en las nuevas generaciones de profesionales una actitud analítica, que les permita tomar la decisión de que todos sin excepción alguna, podemos participar en la planeación, diseño y construcción de las obras y proyectos que la sociedad demanda. Que los principios de la contratación estatal establecen los de imparcialidad, igualdad, moralidad y selección objetiva en la contratación, para lo cual se reglamentaron procedimientos de selección, con actuaciones motivadas, públicas y controvertibles por los interesados, con el fin de elegir la mejor oferta. O sea que todos podemos participar, y que no es posible que mediante procedimientos espurios se niegue este derecho, y se permita con nuestro silencio cómplice que unos pocos se apoderen de la contratación pública. No podemos seguir siendo invitados de ocasión.
Hace pocos días indagué las razones por las que al Ingeniero Adrián Camilo Hernández le adjudicaron a dedo 14 contratos en los años 2022 y 2023 mediante régimen especial por $17.162 millones. Nadie dijo nada, el miedo y la complicidad cunden. Dentro de los contratos que se le adjudicó a dedo por el contratadero CII ESTATAL, están las obras de mejoramiento y rehabilitación de 2 kms. de la vía terciaria La Celia – Villa Nueva, municipio de La Celia, por $7.190 millones. La semana pasada por redes sociales se conoció un video que muestra graves afectaciones ambientales y a los recursos naturales en el afluente hídrico La Polonia, en desarrollo de estas obras. La queja fue atendida por funcionarios de CARDER el pasado 10 de abril. En el Acta de Visita consta que SUSPENDEN LA OBRA, específicamente en el tramo de la Vereda Polonia, donde como muestra el video y registro fotográfico enviado por la comunidad, se hizo cuantiosa disposición de material sobrante de descapote y excavación sobre laderas con pendientes mayores al 60%, que por su peso y saturación se presentó movimiento de remoción en masa afectando la zona forestal protectora de la quebrada La Polonia, alterando su cauce natural. Se evidenciaron al menos tres puntos de disposición de material. Los responsables de la obra manifestaron no tener permisos de carácter ambiental, vienen disponiendo el material de excavación sin autorización de CARDER hace ya muchos días, y tampoco presentó el concepto de la DIGER MUNICIPAL O DEPARTAMENTAL, no aparece en el Informe de CARDER el nombre de la interventoría de las obras, contratado por valor de $1.324 millones. Se afectaron las veredas La Polonia, La Sombra y La Primavera donde se encuentran varios afluentes hídricos, guaduales, bosque natural, biodiversidad, fauna silvestre, acueductos rurales comunitarios.
Estamos a la espera de la intervención no solo de CARDER, sino de la Procuraduría Ambiental y Agraria y la Contraloría General de la República, es necesarios que se informe si las obras que allí se adelantan con recursos de regalías cumplen los requisitos técnicos y ambientales y se tomen las medidas de sanción ejemplar para los funcionarios, contratistas e interventoría que toleran este tipo de actuaciones contrarias a la ley. El saqueo es en serio y sin escrúpulos, no hay control.
Muchas gracias por sus importantes y generosas pala ras mi querido Maestro. Si, se requiere una mayor participación de la ciudadanía en la vigilancia del destino de nuestros impuestos. No puede existitir tanta tolerancia y silencio cómplice. Abrazos.
Desafortunadamente se siguen dilapidando los recursos públicos y haciendo profundas afectaciones a las comunidades y al Medio Ambiente. Con seguridad que la respuesta de la CÁRDER será igual que con la tala de los samanes, porque, desafortunadamente, en materia de control ambiental dicha entidad está cooptada por la corrupción y la politiquería. Como dice un viejo amigo mío: «estamos cagaos y el agua lejos»… Sobre todo ahora con la escasez de agua.
Estimado Alfredo:
Su función de veedor de lo público nos permite ver lo que los ciudadanos ignoramos, quizá, por estar en nuestra lides personales. Sin embargo, todos, sin excepción somos políticos, es decir, debe interesarnos este tipo de actuaciones anómalas en las contrataciones, y no solo indignarnos, sino también, ser veedores y unir fuerzas para pedirle cuenta a instituciones o denunciar personas involucradas. En todo esto, quien pierde, es el mismo pueblo. Así que adelante con su tarea compañeros, que por demás, es muy importante para la ciudad y la región.
Abrazos
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Diego eFe