Por: CARLOS ALFREDO CROSTHWAITE FERRO
El mes pasado dirigí un oficio al señor gobernador Víctor Manuel Tamayo. Con el mejor ánimo, pregunté si se habían revisado los documentos respectivos para verificar si la UNISARC tenía los registros calificados correspondientes para orientar programas en varios municipios cobijados por el programa Risaralda Profesional (el que considero de gran importancia para los jóvenes menos favorecidos), y aprobó la gobernación para esta institución por más de tres mil millones.
Y mencioné los casos de despidos de docentes a los que un juez laboral, en fallo de primera instancia, ordenó que fueran reintegrados con todos los pagos de ley. Y advertí que la rectoría de la UNISARC, en cabeza de Elizabeth Villamil, viene procediendo de manera antidemocrática y esto, además de poder generar cuantiosos costos a la institución, opera en contravía del espíritu de una institución universitaria, y a falta de reflexión, la rectora insiste en emprenderla contra los pocos docentes sindicalizados, algunos distinguidos, con quienes incluso hemos trabajado temas de paz en la región.
Con sindicalizados me refiero al sindicato que ha actuado conforme a sus principios, que no solo ha buscado sus derechos de ley, sino que ha elevado su voz crítica con los manejos de la institución. Aclaro esto porque también hay otro sindicato al que pertenece el hijo de la rectora, de quien se ha expuesto en medios, increíblemente ingresó a la universidad en un típico caso de nepotismo y en contravía de las normas de la institución.
Ahora bien, la Ley 30 de 1992, y sus respectivas modificaciones, es clara en la responsabilidad del Estado de velar por la calidad del servicio de educación superior mediante el ejercicio de la suprema inspección y vigilancia. En este sentido se emitieron los decretos y reglamentaron las normas correspondientes para regular el registro calificado de programas de educación superior. Están definidos con claridad los conceptos de calidad en términos de educación superior y explican que el registro calificado es requisito obligatorio y habilitante para que una institución educación superior, legalmente reconocida por Ministerio Educación Nacional MEN, y aquellas habilitadas por la ley, pueda ofrecer y desarrollar programas académicos de educación superior en el territorio nacional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley 1188 de 2008.
En cuanto a la carencia de registro calificado, sostienen las normas que no constituye título de carácter académico de educación superior, aquel que otorgue una institución respecto de un programa que carezca de registro calificado o acreditación en alta calidad.
En concordancia, elevé mi petición a la gobernación. Además, porque es sabido UNISARC cuenta con los Registros Calificados y permisos de operación para la sede central ubicada en Santa Rosa de Cabal; pero ¿dónde están los registros únicos calificados para municipios? Son nueve programas que abrieron desde finales del año pasado, en municipios como Pueblo Rico, La Celia, Balboa, Mistrató, Marsella, Guática, Santuario, La Virginia y Dosquebradas.
Toda esta solicitud, la hice incluso llamando al gobernador, a que actúe allí con la sabiduría de la que careció su antecesor y en apego al diálogo como mecanismo de resolución de conflictos. Y para esto es claro que el Consejo Superior de la UNISARC, en el que está el gobernador o su delegado, debe conocer, y asumir las riendas como corresponde en sus funciones y comprendiendo que la rectora es una servidora de la institución. Pero la respuesta consiste en negar la información, me remiten un oficio anunciándome una respuesta tras un supuesto consejo superior por desarrollar, y no solo no tuvo lugar, sino que en la asamblea que sí tuvo lugar, el tema ni se mencionó.
Por lo demás, revisaré al detalle las actuaciones y relaciones de otros corporados de la UNISARC. Caso Comité Departamental de Cafeteros, quien, en cabeza del presidente Jorge Humberto Echeverry, ha ejercido más el papel de porrista que el de directivo del Consejo Superior.
Acudiré entonces a las autoridades correspondientes para este caso. Me preocupan sobremanera los profesores que han sido despedidos bajo peculiares cargos, más los costos que esto acarree para la institución que no es secreto, desde antes de pandemia, advierte problemas, entre otras por la merma de estudiantes. También preocupa el tema de los registros calificados porque estamos hablando de cientos de jóvenes que se juegan la legalidad de sus títulos.
Para el final cabe una reflexión, las instituciones educativas privadas o públicas, no pueden operar como una especie de concilio familiar o de amigotes, sino guiado por el espíritu educativo y sus leyes.