En Colombia, el catastro multipropósito ha dejado de ser un tema técnico para convertirse en un asunto de debate público.
Lo que parecía reservado a mapas y avalúos, hoy toca el bolsillo de cada ciudadano.
El catastro multipropósito nació en el Acuerdo de Paz de 2016 como parte de la Reforma Rural Integral y fue adoptado como política pública en el Plan Nacional de Desarrollo 2018‑2022.
Su propósito es claro, modernizar un catastro rezagado y transformarlo en una herramienta integral que registre no solo el valor económico de los predios, sino también su dimensión jurídica, social y ambiental.
En otras palabras, pasar de un catastro para cobrar impuestos a un catastro para planificar el país.
Por eso es importante aclarar que el actual gobierno no es el único responsable de lo que está ocurriendo.
Se trata de una política de Estado, diseñada y puesta en marcha desde hace varios años.
Los concejos municipales son quienes fijan las tarifas del impuesto predial dentro de los márgenes legales, y el gobierno nacional regula los avalúos y los límites de incremento.
Lo que vemos hoy es la continuación de un proceso acumulado, que distintos actores políticos aprovechan para señalar culpables y capitalizar el malestar ciudadano.
La Ley 44 de 1990 estableció que la tarifa del impuesto predial debe estar entre el 1 y el 16 por mil del avalúo catastral.
Posteriormente, normas como la Ley 1995 de 2019 fijaron límites de incremento anual para proteger a los contribuyentes:
– Máximo 25% para estratos bajos (1, 2 y 3).
– Máximo 50% para estratos medios (4, 5 y 6).
– Hasta 100% para predios comerciales, industriales o de mayor valor.
En teoría, estos topes garantizan justicia tributaria.
En la práctica, muchos hogares sienten que el cambio los golpea sin suficiente explicación ni acompañamiento.
El catastro multipropósito busca equidad, que predios similares paguen lo mismo (equidad horizontal) y que quienes tienen mayor capacidad económica aporten más (equidad vertical).
Pero la percepción ciudadana es distinta, lo que para el Estado significa justicia fiscal, para el campesino o el pequeño propietario puede convertirse en un castigo.
No es casual que hayan surgido protestas en varias regiones del país.
Aquí aparece el reto, la pedagogía y la sensibilidad social son tan necesarias como la actualización técnica. Sin ellas, el catastro multipropósito corre el riesgo de ser visto como una amenaza más que como una oportunidad.
La pregunta no es si necesitamos un catastro moderno. Eso está claro. La verdadera cuestión es cómo hacerlo justo, equitativo y comprensible para todos. Allí está el reto, y también la oportunidad, que el catastro multipropósito sea recordado como una herramienta de desarrollo y no como un castigo fiscal.
