En la última campaña regional a la gobernación de Risaralda, el candidato del sector alternativo y de centro izquierda Daniel Silva, utilizó como slogan de campaña “El qué derrotó a Soto” poniendo vallas por todo el departamento con esta frase bajo la premisa de ser quién lideró el proceso jurídico que dio la muerte jurídica definitiva a uno de los barones electorales más influyentes de principios de siglo en Pereira y Risaralda.
Este slogan le costó a Silva perder sectores de votación que inconformes con Soto, y su gestión, no aceptaban que se usara la perdida de investidura como derrota jurídica, máxime la muerte reciente del líder de alta recordación y múltiples afectos, como un caballo de batalla político para obtener poder y votos.
Historia igual repite hoy el ex senador, asesor de paz y precandidato presidencial Iván Cepeda, basando su campaña en la probable condena al expresidente Uribe, la misma que fue revocada por el Tribunal Superior de Bogotá el día de ayer y que incide de una u otra forma en la disputa política que se viene finalizando este año y principiando el siguiente, consistentes en consultas interpartidistas, congreso y presidenciales.
Cepeda ha basado su campaña política desde sus inicios en la obsesión política de meter preso a Uribe, jugada arriesgada que hoy le juega en contra, pues aún teniendo el recurso de Casación este puede demorar entre 6 meses a 5 años para que de un fallo definitivo, lo que le da a Uribe un alto margen de maniobra política y pone zancadilla a Cepeda en su campaña, pues está estaba basada en la victoria anticipada de la derrota jurídica al expresidente, victoria que hoy se le revierte en contra y que le obligará a replantear su estrategia política de cara a la consulta de la izquierda, la del frente amplio,y la campaña definitiva a la presidencia en primera y segunda vuelta, con un Uribe libre, heroizado por la derecha y aspirando al senado como principal portavoz de la oposición a la izquierda.
En este sentido, se hace necesaria una reforma política y normativa en Colombia, que restrinja el ejercicio político de los expresidentes de la república, es decir, que detentando su calidad de expresidentes no puedan volver a aspirar a ningún cargo de elección popular, concejo, senado, cámara representantes, asambleas alcaldías gobernaciones etc., ni ser nombrados ministros o funcionarios de ninguna entidad, como tampoco ser presidentes o directivos de sus partidos políticos y mucho menos como lo ha propuesto el candidato Abelardo de la Espriella, vicepresidente de la república, cuestión que además pondría a Colombia al nivel de autocracias como Rusia o Venezuela.
Ser presidente de la república, debería ser considerado el máximo y último paso en la carrera política de cualquier ciudadano, es un cargo con total poder de maniobra y que permite las transformaciones necesarias en cada periodo, el poder presidencialista en Colombia es casi absoluto, sin muchos controles reales y efectivos que puedan ponerle coto a los abusos que todos los presidentes realizan y a los cuales la justicia en calidad de mandatarios y exmandatarios no se atreve a tocar, verbigracia Ernesto Samper con el proceso 8000 Y el reciente de Uribe por compra de testigos, en ninguno de los dos casos la justicia condenó a los mandatarios y ex mandatarios.
Restringir el ejercicio político y electoral de los expresidentes obligaría a los partidos a no depender de liderazgos dinosáuricos como los de Gaviria en el Liberalismo o las gerontocracias de izquierda que llevan décadas liderando partidos políticos y no permiten la renovación, por otro lado, sería la manera más efectiva de superar los caudillismos actuales entre los que nos debatimos hoy en Colombia.
Los expresidentes deben representar un pasado histórico y una experiencia que debe ser tomada en cuenta, su papel -si es que deben desempeñar alguno- sería aconsejar cuando sea requerido al mandatario de turno, sin estipendio económico ni poder político detentable.
Finalmente, a la izquierda extrema le queda por aprender una lección, no basar su agenda en las derrotas jurídicas de líderes políticos, sino más bien construir propuestas de administración del estado y de gobierno que no sean una excusa para la venganza y la retaliación
Gran reto el de Cepeda, lo tendremos que ver ahora proponiendo cosas y no consiguiendo votos por haber metido preso sin lograrlo a Uribe. Ahí esta su prueba de fuego.
MIGUEL ÁNGEL RUBIO OSPINA.