El catastro con enfoque multipropósito no es un concepto novedoso; por el contrario, ha sido el epicentro de intensas demandas y movilizaciones sociales durante más de cuatro años. En la vigencia fiscal 2022, se implementó la nueva actualización catastral en las áreas urbanas y rurales de Pereira y La Virginia, así como en las zonas urbanas de Dosquebradas y Santa Rosa de Cabal. Este proceso se ejecutó bajo la figura de responsabilidad delegada al Área Metropolitana Centro Occidente (AMCO) en su calidad de Gestor Catastral para los tres primeros municipios. Por su parte, la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital (UAECD) actuó como Gestor Catastral de Santa Rosa de Cabal y como Operador Catastral para el resto de los municipios del AMCO. Los resultados, a la luz de los hechos, han sido desastrosos. La actual efervescencia social en Dosquebradas es la respuesta natural a la entrada en vigor de la actualización en su área rural.
Resulta desconcertante el comportamiento de ciertos sectores de la opinión pública frente a las consecuencias de la aplicación del catastro multipropósito. En plena coyuntura electoral, diversas fuerzas políticas tradicionales, medios de comunicación y ciudadanos desinformados pretenden atribuir la responsabilidad exclusiva de estos resultados al actual Gobierno Nacional. Esta narrativa ignora deliberadamente que la Constitución Política otorga a municipios y distritos la facultad exclusiva de gravar la propiedad inmueble, salvaguardando así la autonomía local. Es imperativo recordar que el avalúo catastral es función del IGAC, de los catastros municipales o de Gestores Catastrales autorizados mediante el artículo 79 de la Ley 1955 de 2019 (Plan Nacional de Desarrollo del gobierno de Iván Duque).
En el año 2022, bajo el mismo fragor de campañas presidenciales, fue la administración de Duque la que expidió el decreto reglamentario del catastro multipropósito. En aquel entonces, el silencio fue sepulcral; se desestimaron las justas protestas de ciudadanos que hoy enfrentan la incapacidad física de costear el impuesto predial de sus viviendas o parcelas. Mientras tanto, la cartera morosa asciende de forma alarmante. Ni los alcaldes ni los concejos municipales han adoptado medidas correctivas contra este abuso sistémico. Seguimos soportando las tasas de impuesto predial más elevadas del país, sin que nadie exija cuentas al gobierno anterior o se ordene una auditoría rigurosa al cuestionable trabajo técnico ejecutado por Catastro Distrital.
Se destinaron miles de millones de pesos a lo que hoy puede calificarse como una estafa técnica, sin que medie una revisión general de los resultados. Esta situación fue orquestada por funcionarios que, desde la administración de Juan Pablo Gallo y continuada por su sucesor Carlos Maya, se enfocaron en crear un organismo catastral metropolitano para fines proselitistas. Las cifras demuestran la perversidad de este mecanismo. En 2021, antes del nuevo esquema, Pereira recaudó por predial $146.863 millones, con una base catastral de $16.1 billones. A diciembre 31 de 2025, tras cuatro años de vigencia, el recaudo subió a $304.839 millones, pero la cartera de impuesto predial alcanzó los $477.000 millones. Si sumamos la cartera depurada a 2024, la mora crece al doble del recaudo.
El impuesto predial debe regirse por la equidad y la progresividad, garantizando que la carga sea proporcional a la capacidad económica real. Lograr este equilibrio es responsabilidad ineludible del alcalde y el concejo municipal. Sin embargo, su silencio es cómplice. ¡Basta de complacencia! La parálisis en el recaudo no es ineficiencia, es un negocio calculado: la alta cartera es coto de caza de la corrupción local. No permitamos que nuestro patrimonio siga alimentando los bolsillos de quienes negocian con la deuda pública bajo la mesa. ¡Exijamos cuentas claras o sigamos financiando su festín!
