Por VIGÍA CÍVICA – James Fonseca Morales
El Diccionario de la lengua española, actualización 2020, define “dar en la cabeza a alguien”, como una locución verbal que significa: “Frustrar sus designios, vencerlo.”, que es precisamente lo que le han tratado de hacer los socios al municipio de Pereira.
Esta semana se informó de la confirmación, por el Consejo de Estado, del fallo que obliga a la Empresa Telefónica de Pereira, ahora de propiedad total de nuestro antiguo socio “UNE EPM Telecomunicaciones S.A”; a pagar a Pereira cerca de $10.000 millones, “por concepto de la Estampilla Procultura, en el periodo de enero de 2007 hasta la liquidación del entonces Instituto de Cultura de Pereira”.
Terminaría así, con buen fin, un proceso judicial, iniciado por dos ciudadanas pereiranas que, en beneficio de su ciudad, hicieron lo que no hizo el Municipio, para cobrar lo que lquerian birlarle dentro de una cadena de actos torticeros contra de sus sel Municipio de Pereira.
Otro eslabón lo forma la demanda de 2007, mediante la que ATESA de Occidente desconoció la deuda de $234 millones de la estampilla “Procultura” y la sobretasa “Al Deporte” generadas por el contrato de concesión para la prestación del servicio de aseo, del mismo año. El Municipio debería informarle a los pereiranos que ha ocurrido con esta deuda, después de que el Consejo de Estado, en 2014, declarara no probadas las excepciones que propuso y se considerara inhibido para decidir de fondo sobre la legalidad de los cobros demandados.
También debemos incluir el comportamiento de los socios en la Empresa de Energía de Pereira, quienes, pocos días después de capitalizarla pretendieron utilizar parte de esos recursos para adquirir el manejo de la Centrales Eléctricas del Cauca y luego lograron que más de $33.000 millones, de la E.E.P, se invirtieran en un fondo de empresas de los Nule y un pre pago de energía, por más $100.000 millones, cuando los embalses del país estaban llenos.
Una parte reciente de la cadena, es el comportamiento de OPAN el asociado del Municipio en el Aeropuerto Internacional Matecaña, que debe al municipio los $10.056 millones, más intereses, por las estampillas causadas por la firma del contrato de Asociación Publico Privada, APP. Quien, mediante demanda, pidió la nulidad de la liquidación de ese tributo, aunque solo logró la de los intereses de mora.
Sobre esa deuda, el Aeropuerto dijo que había logrado un arreglo, luego, el Municipio, cuando le anularon su liquidación de intereses, dijo que el Tribunal Administrativo de Risaralda había ordenado a OPAM, pagarle $13.000 millones y ahora, que está a la espera de que la segunda instancia lo confirme. Como el fallo aludido no dice nada de los $13.000 millones, convendría que el Municipio explicara el asunto.
Este recuento histórico debería hacer considerar a los pereiranos, especialmente al alcalde, el riesgo que representan los socios, a quienes solo les interese sacar provecho de sus aportes, en los negocios públicos, especialmente si son innecesarios.