Buen día queridos lectores. Ha pasado un buen tiempo sin escribirles y me excuso sinceramente por ello. En estos meses hemos visto un mundo moviéndose de forma agitada por decirlo de alguna manera. Los flujos y relaciones de poder cambian constantemente, trazando nuevas líneas, alianzas y jerarquías entre las naciones. Sin embargo, pocas veces nos detenemos a pensar en la relación de poder más antigua y contundente de todas: la que tiene la naturaleza sobre nosotros, una relación a la que deberíamos tenerle bastante más respeto del que solemos demostrar.
Como algunos ya sabrán, el IDEAM ha advertido con bastante certeza que el fenómeno de El Niño llegará a Colombia y a buena parte de la región durante el segundo trimestre del año. Cuando escuchamos la palabra “Niño”, inmediatamente pensamos en calor extremo, sequías y escasez de lluvias; una combinación tan peligrosa como la del fenómeno de La Niña cuando trae agua en exceso.
Pero la verdadera pregunta es otra: ¿estamos preparados para enfrentar un fenómeno que, según el Climate Prediction Center de la NOAA, tiene cerca de un 82% de probabilidad de intensificarse hasta niveles considerados extremos, lo que popularmente se conoce como un “Súper Niño”? La noticia ya resulta suficientemente preocupante desde el punto de vista climático, pero quisiera abordar esta discusión desde otro ángulo: la capacidad fiscal del Estado colombiano para responder a una emergencia de esta magnitud.
A modo de recordatorio, entre los episodios más severos que ha enfrentado Colombia se encuentran los de 1982-1983, 1997-1998 y 2015-2016. Todos tuvieron algo en común: efectos devastadores sobre sectores estratégicos como la energía, la agricultura y el suministro de agua potable. Y esto tiene lógica en un país donde cerca del 70% de la generación eléctrica depende de las hidroeléctricas.
Durante el fenómeno de 2015-2016, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres reportó inversiones y costos de atención cercanos a los $1,6 billones de pesos para atender afectaciones en aproximadamente 719 municipios del país. Además, el país estuvo peligrosamente cerca de un racionamiento energético nacional, situación que habría podido representar pérdidas cercanas a los $8 billones si el sistema eléctrico hubiese colapsado.
El Niño no solo seca embalses; también deteriora cultivos, presiona el precio de los alimentos y golpea directamente el costo de vida de los hogares. En otras palabras, es un fenómeno climático con consecuencias profundamente económicas.
Ahora bien, elementos como la dependencia hidroeléctrica, la escasa planeación estatal, la debilidad de la infraestructura hídrica y, muy especialmente, la delicada situación fiscal del país, pueden convertirse en los puntos críticos que agraven los efectos del próximo fenómeno.
¿Por qué digo esto? Porque vale la pena recordar que recientemente la Contraloría General de la República advirtió que el Estado colombiano difícilmente cumplirá su meta de déficit fiscal del 5,1% al cierre del año, mientras que el Comité Autónomo de la Regla Fiscal proyecta un déficit más cercano al 6,7% del PIB.
Traducido al lenguaje cotidiano: el Estado tiene cada vez menos margen para enfrentar gastos imprevistos con recursos propios y depende crecientemente del endeudamiento para mantener funcionando la maquinaria pública.
Y aquí aparece la pregunta incómoda: ¿cómo puede haber problemas de caja si el Gobierno aprobó un presupuesto superior a los $557 billones para 2026?
La respuesta es simple: un presupuesto gigantesco no significa necesariamente flexibilidad financiera. De hecho, el presupuesto nacional colombiano es extraordinariamente rígido. Gran parte de los recursos ya tiene destinación específica antes incluso de iniciar la vigencia fiscal: deuda, transferencias obligatorias, funcionamiento, pensiones y otros compromisos ineludibles.
La capacidad real de reacción ante emergencias termina siendo mucho más limitada de lo que sugieren las cifras grandilocuentes del presupuesto.
Miremos el recaudo. Entre enero y abril de este año el país logró recaudar cerca de $97 billones de pesos. Suena impresionante, hasta que entendemos cómo se distribuyen esos recursos. Aproximadamente tres de cada diez pesos recaudados se destinan al servicio de la deuda pública, mientras una porción enorme del resto termina atrapada en gastos inflexibles previamente comprometidos.
En paralelo, el Gobierno ha intensificado el manejo de deuda mediante emisiones y recompras de TES, logrando captar alrededor de $28 billones en liquidez durante el primer semestre. A simple vista, alguien podría pensar que allí está el colchón suficiente para enfrentar cualquier emergencia climática.
Pero nuevamente aparece el problema estructural: esa plata no es exclusivamente para atender contingencias. También sirve para cubrir obligaciones corrientes, refinanciar vencimientos y sostener el funcionamiento general del Estado. Además, buena parte de esa deuda se ha colocado bajo condiciones financieras mucho más costosas que hace algunos años, reflejando el deterioro en la percepción de riesgo fiscal del país.
Y aquí entra un concepto clave: la prima de riesgo.
El sistema fiscal colombiano es tan rígido, costoso y endeudado que el mercado todavía nos presta dinero, sí, pero cada vez exige mayores tasas de interés para compensar el riesgo percibido. Dicho de otra forma: Colombia aún consigue financiamiento, pero cada vez más caro.
Por eso el verdadero problema no es únicamente cuánto recauda el Estado, sino cuánto margen financiero real tiene para responder cuando ocurre una emergencia.
Claro, el presidente podría declarar un estado de emergencia económica y ordenar a distintas entidades transferir recursos al Fondo Adaptación para atender la crisis climática. Técnicamente podría funcionar y seguramente permitiría reaccionar con rapidez.
Pero aquí viene el detalle importante: el problema fiscal no desaparece; simplemente rota dentro del Estado. La fragilidad de caja pasa de una entidad a otra como si se tratara de una papa caliente presupuestal.
Las entidades públicas ya tienen compromisos, contratos, vigencias futuras, gastos operativos y reservas técnicas. Sacarles recursos para cubrir emergencias puede terminar debilitando otros frentes igualmente sensibles. En esencia, el hueco fiscal no se corrige; simplemente cambia de dirección y se acumula.
Y ese ha sido uno de los grandes problemas históricos del manejo público colombiano: convertir soluciones temporales en problemas estructurales permanentes.
Para concluir, Colombia enfrentará un fenómeno climático potencialmente severo con un Estado financieramente exhausto, altamente endeudado y con un margen de maniobra cada vez más estrecho.
El problema no es únicamente la llegada de El Niño. El verdadero problema es que el país sigue reaccionando a fenómenos cíclicos como si fueran sorpresas estadísticas y no amenazas perfectamente previsibles.
Si el fenómeno se intensifica, veremos nuevamente el fantasma del racionamiento, presión sobre tarifas de servicios públicos, pérdidas agrícolas y un deterioro adicional de las finanzas públicas. Y como ya es costumbre nacional, volveremos a preguntarnos por qué Colombia siempre parece improvisar frente a riesgos que conoce perfectamente.
Así que, queridos lectores, vayan preparándose para otro capítulo de la tradición nacional de descubrir que dependemos demasiado del agua justo cuando deja de llover.
