Esta es una alerta temprana al alcalde Mauricio Salazar, al director de Comfamiliar, Luis Fernando Acosta y a la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez en cuyo corazón está probado su interés vital por el bienestar de los trabajadores y sus familias y que este caso, está en alto riesgo por la decisión que se está tomando con dos fincas de Cerritos.
Sucede que cerca al Parque Consotá y al Bioparque Ukumarí, hay dos fincas en extinción de dominio, una de 20 cuadras y otra de 50 aproximadamente. Las dos han pasado de mano en mano de narcotraficantes como el hondureño Ramón Matta Ballesteros condenado a 12 cadenas perpetuas en EE.UU.
La otra finca perteneció al exjefe paramilitar Fredy Rincón Herrera, alias “El Alemán” condenado por más de mil asesinatos y hoy en proceso de justicia transicional.
Ambas fincas están en proceso para reubicación de familias indígenas. El alcalde Mauricio Salazar me dice que, como autoridad del territorio, no ha sido consultado, pero afirmó: “No lo voy a permitir”. El director Acosta Sanz ya está en la verificación y gestión respectivas.
Los compromisos con los indígenas tienen en aprietos al gobierno. Es seguro que negarán esa reubicación; pero es mejor prevenir que demandar o llorar sobre la leche derramada.
Se trata de la finca Provincia ubicada frente al Bioparque Ukumarí con el río Consota de por medio; y la finca Guadalupe o Copacabana vecina a las 14 hectáreas que recién compró Comfamiliar para construir el Campus Educativo para trabajadores y sus familias.
Este sería un caso singular de gentrificación a la inversa, reubicando en deterioro, a familias indígenas ancestrales que no son nativos de este lugar.
Preocupa la práctica recurrente en estas familias indígenas de “correr el cerco” invadiendo predios vecinos generando conflictos sociales y de seguridad.
Hace siete años Comfamiliar ayudó al gobernador Sigifredo Salazar prestando temporalmente a indígenas un lote y casi no lo devuelven. Algunos tienen predios en sus lugares de origen y posan como “la pobre viejecita”.
Esta alerta temprana al alcalde Salazar y al director Acosta Sanz, podría ser una oportunidad para pedirle a la SAE y a la ANT que entreguen esas fincas al Municipio para proyectos productivos, o para ampliar Ukumarí; o a Comfamiliar para áreas educativas y sociales.
Y que se gestione la reubicación de esas familias en la reserva indígena, en tierra cultivable y apropiada para sus prácticas ancestrales y generadoras de cultura agrícola que bastante falta hace.
El palo no está para agudizar conflictos en una ciudad que, como Pereira -como pocas- aporta al país paz, calidad de vida, desarrollo económico y social. Lo que menos necesitamos son turbulencias sociales.
De acuerdo, excepto en el último párrafo. Nunca como antes había visto tanta gente en condición de calle, indigencia casi en todas partes, de todas las edades, medigando o hundiéndose en drogadicción, eso no es para hacer ver una Pereira como polo de desarrollo económico y social.
Por qué razón las van a entregar a instituciones como Ukumary o comfamiliar, si son sitios supuestamente del gobierno y cobran un dinero al público para su disfrute, y no es que sea barato. Por consiguiente que esas tierras las venda a un buen precio y con ese dinero que realicen un buen proyecto de vivienda para las personas que están ubicadas en ciertos sitios de la ciudad y asi mediar un poco aquellos lugares que son invadidos por personas o familais que no tiene donde vivir.