Son muchos los problemas que aquejan a los ciudadanos, entre ellos la inseguridad ciudadana, generando desesperanza y angustia en la población, evidenciando la ineficiencia y la negligencia de los gobernantes y autoridades para garantizar el orden y el mínimo de tranquilidad.
Fenómenos como la pobreza extrema, los cordones de miseria de asentamientos ilegales, la migración de extranjeros, el desplazamiento, el microtráfico, las guerrillas urbanas y de bacrim, están haciendo invivible la vida ciudadana.
En encuesta realizada en el primer semestre de este año por el Ministerio del interior y la firma Cifras y Conceptos, el 58% de los ciudadanos de Pereira se sienten más inseguros que el año 2023, donde el 29% manifestó haber sido víctima de un delito.
De igual manera en materia de convivencia ciudadana el 70% de los encuestados han manifestado haber tenido algún tipo de conflicto con sus vecinos especialmente por causas como el ruido, invasión del espacio público, manejo de basuras y mascotas. Los ciudadanos nos sentimos cada vez más inseguros e impotentes frente a las acciones de delincuentes y criminales.
La inoperante justicia que comienza desde el brazo operativo de la policía y la fiscalía, hasta las sentencias de los jueces y manejo del régimen carcelario, demuestran menos dientes para enfrentar este tipo de flagelos.
La ciudad de Pereira no es ajena a este tipo de situaciones, la cual se está dejando permear por muchos factores que atentan contra la seguridad. Los ciudadanos esperan de sus líderes decisiones concretas en materia de seguridad. Nuestra ciudad se encuentra en mora de mejorar los dispositivos tecnológicos en materia de vigilancia y control. En administraciones pasadas se trató de implementar la Red LTE, desconocida por muchos ciudadanos, la cual entró en funcionamiento en una primera fase con implementación de algunas cámaras de seguridad, terminales móviles de transmisión de información de hechos en tiempo real y aplicativos con botones de pánico para ser operados por la sociedad civil.
La idea es que con esta red se integren todos los circuitos de seguridad, tanto públicos y privados, entidades estatales, policía nacional, empresas de seguridad, bancos, conjuntos de propiedad horizontal y comerciantes entre otros. Todos integrados en un frente común de vigilancia y seguridad por la ciudad; para esto no solo es necesario integrar las redes de fibra óptica sino contar con dispositivos móviles como terminales y escuadrones de drones operados a larga distancia.
Los países modernos no cuentan con policía en cada esquina, sino con la rapidez del monitoreo de la información en tiempo real para poder reaccionar.
De igual manera también debemos mejorar el sistema de cámaras de seguridad con software de reconocimiento facial, pero para esto el sistema de alumbrado público debe ser gradual e inteligente, operando en óptimas condiciones, gran debilidad que no ha superado el alcalde.
Así mismo los efectivos de la policía deben estar focalizados no solo por cuadrantes sino por objetivos, no se justifica que más del 40% de los efectivos de la Deris y Meper, se encuentren en los comandos en funciones administrativas, mientras nuestros ciudadanos están expuestos a los focos de violencia y microtráfico.
Sigo criticando la tolerancia de las autoridades con los asentamientos subnormales en todos los sectores de la ciudad, dejando dañar los buenos barrios, creándose cordones de miseria y microtrafico.
Las Inspecciones de policía son inoperantes y sordas al clamor de los ciudadanos, deben ser reestructuradas. Pero para esto se necesita más inversión y compromiso real de las autoridades. Por el momento el alcalde Salazar se raja en materia de seguridad, sin tener clara las estrategias de seguridad preventiva y reactiva a implementar en su administración, al igual que los programas en materia de seguridad ciudadana.
De igual manera se hace el ciego y sordo frente a las desapariciones de jóvenes en el corregimiento de Puerto Caldas, foco de violencia limítrofe con el norte del valle.