ESCAMPAVIA. El acabose de la vida.

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Foto cortesía El Colombiano

Por JUAN GUILLERMO ÁNGEL MEJÍA

Cómo no alarmarse ante el grito de activistas cuando claman, “nos están matando”, consigna con la cual se responsabiliza al gobierno del presidente Duque del baño de sangre que sigue golpeando de manera tan cruel, particularmente a la juventud colombiana. Se afirma que este gobierno produjo el acabose del acuerdo de paz, y que por tal razón se ha disparado la muerte en Colombia.

Que los colombianos seguimos matándonos no es cosa nueva, por ello las estadísticas de la violencia, de las masacres, de los secuestros, de las más de 10.500 víctimas de las minas asesinas, de cuantos cayeron por las balas disparadas por los unos y cuantos por la acción de los otros, todo ello deja de llamar la atención pero el “nos están matando” implica la aparición de un cruel  fenómeno que obliga verificar los números; encontramos que la realidad dista mucho de la arenga; en efecto en el 2019 se registró la tasa mas baja de homicidios en 44 años y en lo corrido del 2.020 mejoran los indicadores puesto que 23.3 muertes por cada 100.000 habitantes es registro más bajo desde 1.974, estos datos no son materia de orgullo, pero muestran cómo siguen disminuyendo los casos de sangre y que lo que ha ocurrido en el mandato Duque mejora los resultados que se lograron en el gobierno de Santos.

En Colombia la muerte violenta ha sido nuestra desgraciada compañera, en 1.994 registramos 40.046 asesinatos. Uribe recibe un país con 31.807 homicidios, cifra que se reduce a 15.251 desgracias, números que mejoran al final del gobierno Santos cuando  12.626 compatriotas cayeron, y da un alivio registrar que los homicidios decrecen aún más  durante el primer año del gobierno Duque dados los 11.630 casos fatales, la mayoría de esos crímenes, para mayor desgracia, ocurrieron por fuera del conflicto: venganzas, lucha entre bandas y guerra por territorios de droga, intolerancia, atracos, secuestros y  otras absurdas causas generaron muchas más muertes que las que cayeron como consecuencia de la violencia política.

Tampoco somos el país más violento de América y lejos de ser el peor del mundo, estamos mucho mejor que Venezuela que registró una tasa de de 60.3 muertes por cada 100.000 habitantes, o que Jamaica con 47.4, Honduras 41.2, Trinidad 37.3,  Salvador 37.0, Mexico 27.0 o Belice 33.5 y mucho peor que Chile, Argentina, Perú o Ecuador. Tampoco es cierto que sea el feminicidio la mayor causa de muertes; en efecto el registro es de diez veces más muertes de hombres que de mujeres y de lejos las víctimas son jóvenes entre los 20 y los 30 años, muchos de ellos víctimas del filicidio del que habla Arnaldo Rascovsky.

No se puede desconocer que el proceso de paz ha salvado vidas, no tantas como quisiéramos, sin embargo registrar los números de la tragedia no es explicación suficiente de lo que nos enluta. Las muertes como consecuencia del enfrentamiento político son  una porción menor de la cruenta realidad que nos lacera. Por lo dicho quienes hacen de la muerte un argumento político para denigrar de sus adversarios y ensalzar a sus afines deberían ceñirse a la verdad,  pero sobre todo entender el fenómeno de la violencia en Colombia como algo que es mucho más grave que el resultado de la acción de las organizaciones y entidades armadas.

Reducir las muertes violentas de más de 30.000 a 15.000 no puede calificarse como una acción genocida, tampoco puede ser responsable del incremento de la violencia un gobierno que registra el menor índice de asesinatos en 50 años, no es motivo de orgullo el comportamiento de una sociedad que tropieza con las balas en cada esquina pero tampoco es admisible que consignas repetidas nos tengan que recordar a quien con su, “mientan mientan que de la mentira algo queda”, causó tanto dolor.

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