Escampavia – No puede haber ni contribución ni gasto sin consentimiento expreso del común.

Por Juan Guillermo Ángel Mejía

No puede haber ni contribución ni gasto sin el consentimiento expreso del común;  este enunciado es la piedra angular de los límites a la autoridad del gobernante para disponer de los bienes y del patrimonio de los ciudadanos, por ello es de rigor que tanto el presupuesto de la nación como el de los entes territoriales sea considerado y aprobado por el poder legislativo.

                Sin embargo hecha la ley hecha la trampa, dice el refranero popular; en nuestro caso aparece una figura que ya tiene raíces profundas que será muy difícil erradicar, aparecieron los llamados parafiscales, y las organizaciones que de ellos disponen, es decir el estado delegó en organizaciones de carácter privado funciones públicas, en lo que se refiere al origen de sus recursos y de la manera como de ellos dispone, desafortunadamente con muy débiles controles como se hace evidente por los tapados que se descubren cada vez con mayor asiduidad.

                El caso de Saico y Acimpro agrupaciones que manejan de los derechos de autor, estas entidades fijan como a bien les viene en gana cuánto y quién ha de pagar por escuchar música, cualquiera que sea su origen, mientras la manera como redistribuye el dinero recibido no es de buen recibo por los miles de artistas abandonados y desprotegidos.

                De igual manera aparecen contribuciones obligatorias y que por lo tanto tienen todas las condiciones de impuestos, así los cultivadores del café han de entregar una porción del valor de su trabajo a una entidad que tiene la obligación de regresarle ese dinero en bienes y servicios; de igual manera se repite el mismo esquema para el caso de trabajadores formales quienes deben entregar ellos y su empleador parte de su ingreso para que se le regrese en bienestar, o de los empresarios que pagan por el cuidado de la fe pública, así aparecen las Cajas de Compensación Familiar, las Cámaras de Comercio y las organizaciones gremiales como la que arriba citamos.

                Muchas de las funciones que desarrollan las entidades receptoras de los dineros son responsabilidad del estado: salud, educación, la custodia de la fe pública y del entorno;  el estado, quizás suponiendo que es preferible  entregar los derechos a un particular antes que al mismo estado y del otro, el supuesto que los ladrones están todos en el sector oficial y ninguno en el privado, como si los delincuentes fueran las entidades y no las personas, quienes al fin y al cabo son quienes forman alianzas para atrapar el dinero del común; tenemos claro que los bandidos tienen nombre y son de carne y hueso.

                Al revisar los presupuestos y la manera como se gasta el dinero producto de estos impuestos disfrazados con un simple cambio de nombre nos encontramos con sueldos faraónicos, con beneficios adicionales que están muy por encima de lo aceptable para el sector público y de controles que son insuficientes, los casos que se están multiplicando desafortunadamente en las Cámaras de Comercio con la mirada complaciente de la entidad que a todas agrupa, por el viejo aforismo que dice que no se atenta contra la lonchera, la feria de contratos y el derroche hacen que la relación costo beneficio de los dineros pagados sea negativa, claro que hacen cosas, eso no lo discutimos, pero es necesario establecer por lo menos la norma  que evite  la confidencialidad en el manejo de los dineros, solo cuando todo se muestre en vitrina habrá control y se justificará plenamente la existencia de las organizaciones que antaño fueron todas ellas beneméritas pero que hoy cada vez un menor número de ellas puede tener ese apellido.

Publicada en El Diario y reproducido en El Opinadero con autorización previa y expresa del autor.