ESCAMPAVIA – No todos ponemos

Por JUAN GUILLERMO ÁNGEL MEJÍA

Los países que logran remediar los desequilibrios recaudan en impuestos lo necesario para lograrlo; los derechos y los programas sociales requieren de soporte económico.

Dicen que la razón de las reformas tributarias es simple: políticos que gastan más de lo que recaudan. En Colombia hay que pagar el billonario costo del acuerdo de La Habana, al que hay que sumar el aún más costoso, el que genera la sangrienta violencia que no nos abandona, súmele el de atender la pandemia, lo necesario para activar un ambicioso componente social y las inversiones cuando son un despilfarro injustificado.

Todos los gobiernos nos han aplicado reformas tributarias, las más recientes: tres de López Michelsen; dos Turbay Ayala; tres de Belisario; la de Virgilio;  dos de César Gaviria, cuatro de Samper, dos de Pastrana, tres de Uribe en ocho años, sin embargo el campeón insuperable, aquel que incrementó el IVA hasta el 19%  fue el presidente Santos de quien se recuerdan  las leyes 1430,1607,1739,1819 y 1943 y los ajustes a las mismas que permitieron titular en el año 2.016 con “las siete reformas tributarias del presidente Santos.

Atender la falta de dinero se resuelve, según la fórmula zurda imprimiendo billetes; como no hay manera de cobrar impuestos a quienes nada tienen, se acude a la tinta y al papel para disfrazar el gasto sin fuente de ingresos, lo que da como resultado una inflación, más desastrosa aún.

No asumo la posición farisaica de exigir atender las innegables necesidades sociales con plata del bolsillo ajeno, por supuesto que todos debemos aportar.

Los tributos son una alternativa menos costosa que la inflación galopante, certeza que obliga a que todos pongamos. Colombia espera que los intocables también paguen: se quiere una reducción en los centenares de magistrados que nos cuestan billones, menos congresistas y una racionalización de sus prebendas, una revisión del presupuesto de las llamadas ías, entes que han llegado a triplicar su presupuesto los últimos diez años y lo peor generando una relación muy negativa de costo beneficio, suprimir la publicidad oficial que solo sirve para atender vanidades, reducir la burocracia, los gastos diplomáticos y los contratos para atender mermelada, retomar las regalías que hoy se pierden como el agua entre los dedos, revisar escoltas y blindajes para unos a costa de la inseguridad colectiva, estas son algunas de las economías obligatorias en el sector público.

En el sector privado se espera que el sector bancario entre a pagar lo justo, al igual que los multimillonarios a quienes les alcanza hasta para mantener cuentas en el exterior, también se hace necesario revisar los colados a los subsidios, los que cobran cuantiosas pensiones sin haber ahorrado para merecerlas, revisar los pagos mal llamados parafiscales que han caído en manos de combos (Cámaras de Comercio, Comfamiliares), inequidades de las que gozan quienes se apropian de lo público.  

Es castigar muy duro a los asalariados y jubilados, confiscar hasta meses de su ingreso como impuesto de renta, carga que se incrementa con otros impuestos: el IVA, los prediales, de la gasolina, los peajes, los parafiscales; el equilibrio no se logra únicamente con el incremento de ingresos, vale tanto más el evitar el despilfarro y los privilegios de los poderosos servidores y usufructuarios del tesoro público.

Grabar las pensiones es violar el pacto según el cual el trabajador construye un patrimonio con parte de su salario durante su vida productiva, para que ese ahorro proporcione los ingresos que el anciano inerme ya no puede generar. Si es inevitable grabarlas, entonces debe tratarse como lo que son: un patrimonio.

Otra cosa son las pensiones que se dan gracias al carrusel de las cortes y del congreso, a las prebendas conseguidas por fuera de la norma y a los tramposos, casos que no pueden equipararse con quienes recuperan acorde con lo ahorrado.

Enfrentar a los poderosos es difícil, pero sería la verdadera reforma que Colombia espera.