La gestión de recursos públicos en Colombia suscita preocupación y debate constante, pues los ciudadanos están obligados a contribuir con impuestos para financiar el funcionamiento del Estado, pero la eficiente administración de estos recursos se ve amenazada por la corrupción política.
La corrupción en la contratación adopta diversas formas, como por ejemplo: Sobrefacturación, sobrevaloración, contratación indebida, incumplimiento en los términos de referencia y ejecución deficiente de obras, que deterioran la confianza de los ciudadanos hacia las entidades gubernamentales, porque ven que los impuestos que pagan quedan en los bolsillos de los corruptos.
A pesar que la Constitución y la ley establecen que los recursos públicos deben ser muy cuidados, porque es dinero que proviene de la gente para que sean administrados por el Estado a través del gobierno para ser invertidos en obtener el bienestar general de la población, esencia del objetivo social del estado, la realidad demuestra que esta obligación no siempre se cumple.
En Pereira, los ciudadanos pagan sus impuestos con la expectativa que estos se destinen a obras y proyectos que mejoren su entorno y calidad de vida.
Casos recientes, como el de la Avenida los Colibríes y la glorieta del Barrio Corales, demuestran cómo la corrupción y mala administración socavan estos esfuerzos.
La Avenida los Colibríes, inaugurada hace poco de manera inconclusa y que ya no cuenta con los recursos necesarios para su finalización, es un ejemplo flagrante de malversación de fondos públicos.
Por otro lado, la transformación de la pequeña glorieta del Barrio Corales en una más grande, sin que se atendiera los diseños iniciales, no resultó funcional y deja en evidencia la falta de planificación y supervisión administrativa en la ejecución de esta clase de proyectos.
Los ciudadanos de Pereira reclaman una gestión transparente y responsable de sus impuestos, pues la lucha contra la corrupción y la inversión adecuada de los recursos son fundamentales para construir una ciudad más próspera y equitativa.
Es imperativo que el Estado cumpla con su deber constitucional de invertir los recursos públicos de manera eficiente y en proyectos que beneficien a toda la comunidad.
Para abordar este problema, es necesario fortalecer los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, proporcionando información clara sobre el destino de los ingresos fiscales y estableciendo controles efectivos para prevenir la corrupción.
Es hora que los gobiernos cumplan con su deber constitucional y trabajen en beneficio de todos los contribuyentes.