Durante la audiencia de solicitud de aseguramiento e imputación de cargos a los exfuncionarios de la UNGRD Olmedo López y Sneyder Pinilla, la fiscal del caso, María Cristina Patiño, expresó que un elemento decisivo para que se diera el multimillonario robo a los recursos de esta importante entidad, es que su naturaleza jurídica le permite contratar de manera directa. O sea, se le concede a la entidad seleccionar al contratista, sin que exista convocatoria pública, en alguna de sus etapas, impidiendo la participación plural de oferentes. Este procedimiento permite cercenar el derecho de personas naturales o jurídicas a presentar una propuesta alternativa, negando la libre concurrencia, y la publicidad del proceso. Todo queda a oscuras, solo si se da un hecho fortuito, o escandaloso, como cada rato ocurre, se puede conocer el desenlace final del proceso. Fue lo que ocurrió en la UNGRD, donde el fracaso en la compra de los carrotanques, permitió que la opinión pública conociera y preguntara por lo ocurrido. Y ahí fue troya.
Pero debemos preguntarnos: ¿Qué estará ocurriendo con los centenares de miles de millones de pesos que a diario se invierten mediante contrataciones directas por incontables entidades qué gozan de esta prerrogativa? En el gremio constructor se conocen como los “contrataderos”. Se les utiliza para sacarle el cuerpo a procesos transparentes y poder adjudicar a dedo contratos a los contratistas coronados. Para que estén al tanto, a este tipo de entidades pertenecen entre otros las empresas de salud, servicios públicos, desarrollo urbano y otras que se inventan a diario. En columnas anteriores me he referido a este espinoso tema, y las consecuencias derivadas de la contratación directa. Ojalá tengan algún eco.
En pasados días la Contraloría General informó que en Risaralda hay 27 proyectos críticos y 86 con responsabilidad fiscal. Casi nada, ¡y se las pican de excelentes funcionarios! Entre los de responsabilidad fiscal, avanzan con un proceso de responsabilidad por $9.000 millones, invertidos en la recuperación y repotenciación del puente Limones, en la vía Pereira- Quibdó. Obra adjudicada a dedo por el famoso Fondo de Adaptación en el 2014 por valor de $5.104 millones. Como se convirtió en un “elefante blanco”, esta responsabilidad se le encargó a INVIAS. Hoy no se sabe quién responderá por estos recursos. El fracaso contractual quedó en la total impunidad.
Como nadie controla y vigila las actividades de los contrataderos, y no gusta que alguien intente hacerlo, es que no conocemos el resultado último de los proyectos contratados. Para la muestra, seguimiento a los contratos suscritos por el contratadero CONSTRUCCIONES INFRAESTRUCTURA E INVERSIONES CII ESTATAL de Belén de Umbría. Esta entidad tiene a cargo la inversión de los recursos de regalías para vías. Miles de millones de pesos contratados de manera directa. Casi siempre con los mismos, ausencia total de transparencia y cierre de cualquier asomo de libre competencia. Veamos el contrato No 47B “mejoramiento y/o rehabilitación de la vía terciaria tramo La Celia – Villa Nueva”, por valor de $8.044 millones de pesos. El pasado 23 de marzo la comunidad de La Bermúdez denuncia la ocurrencia de un gran deslizamiento de tierra en ese sector, afectando un guadual y una fuente hídrica, producto de estas obras. Solo el 10 de abril de este año, la CARDER hace una visita, encontrando que se ejecutan obras sin su autorización, y mediante resolución de 25 de abril, impone medidas preventivas. Informando a MCR Ingeniería y Adrián Camilo Hernández, interventor y contratista, como presuntos infractores, la suspensión de la disposición final de material de excavación, construcción de transversales y amonestación escrita. Estableció plazo de 15 días para retirar material del deslizamiento y allegar certificados de disposición final de este material.
El pasado 9 de julio CARDER mediante una Evaluación de medidas preventivas encontró que no se cumplió con las medidas impuestas y no levantó estas, y solicitó iniciar un sancionatorio ambiental. Pero aquí viene lo más grave, el contratista presentó Certificación de disposición final de material sobrante de descapote y excavación por 14.182 m3, provenientes de la obra Contrato No. 47B- 2023, de la zona de depósito “EL DIAMANTE”, donde CARDER autorizó la Disposición de Material de Descapote y Excavación (No escombros) para 2.171 M3. La resolución se encuentra a nombre del señor Félix Antonio Zuleta Céspedes, y el certificado adjunto no cuenta con la firma del responsable del otorgamiento ambiental nombrado. Este permiso corresponde a una zona de depósito de material para el “Proyecto Mall Comercial y de Servicios CONDINA”, ubicado en Pereira. Por lo que dicho otorgamiento NO ESTÁ AUTORIZADO para recibir y disponer material proveniente de proyectos diferentes al relacionado en la solicitud. Según el Informe de Interventoría de junio 2024, se han cancelado $1.246 millones por transporte y retiro. ¡Razón tienen los que afirman que “estamos llenos de Colibríes”!
Carlos Alfredo Crosthwaite F
Excelente!
Qué bien que se sigan destapando ollas !!
Cada vez es más difícil para todos los pagos de los prediales, pero no exigimos el control de cómo se lo gastan, unos trabajamos para que otros despilfarren, un modelo de esclavitud? Hasta cuando …….
Tienes toda la razón en tus apreciaciones; y todo porque tenemos un pueblo que por la falta de sentido de pertenencia y de sensibilidad por por preocuparse que hacen con los miles de millones que a diario pagamos en Impuestos, estos corruptos que hacen las grandes inversiones para llegar a través de los diferentes cargos de elección a usufructuar nuestros recursos. Cuando será que veremos ese Milagro de un pueblo eligiendo por convicción y conocimiento a quien elegimos para administrar nuestros recursos y la suficiente confianza y conocimiento para exigirles Por sus actos Administrativos.
Estamos llevados del que sabemos. Que tristeza y lo peor es que aquí no pasa nada