Infamia

Miguel Àngel Rubio Ospina

Un ejército que viola niños indefensos, no merece el más mínimo respeto de nadie. Escupo en su escudo y sus símbolos, no me merezco, como lo dijo otra columnista en este medio, un ejército capaz de tal infamia.

Por Miguel Ángel Rubio Ospina

Una sociedad que viola, mata y maltrata a sus niños, no merece un lugar en el cielo si este existiera.

Recibo con estupor, con urticaria en la piel, con un nudo en la garganta, la noticia de que siete militares del ejército nacional, adscritos al Batallón San Mateo de nuestra ciudad, han sido acusados de violar a una niña embera de 12 años en Santa Cecilia, corregimiento del municipio de Pueblo Rico en Risaralda.

Me evoca esta noticia, el sinnúmero de acusaciones probadas contra sacerdotes católicos y de otras confesiones religiosas (en menor número) de violación y abuso sexual contra menores de edad. Hace pocos meses, salió, a propósito de este tema, el libro Dejad que los niños vengan a mí del periodista Juan Pablo Barrientos, libro al que por supuesto la Iglesia Católica, trató por todos los medios de impedir su difusión y lectura,  desacreditando al periodista que rigurosamente investigó muchos casos de abusos sexuales a menores de parte de curas católicos, sobrepasando y venciendo tutelas, y ganando una batalla jurídica que permite la existencia de este libro que, aunque difícil de conseguir en librerías (por obvias razones), no logró que  fuera prohibido por ninguna instancia judicial del país.

¿Y que tiene que ver lo uno con lo otro? Todo. Ambas instituciones, la Iglesia Católica, como el Ejército nacional, tienen sistemas judiciales especiales, cuya función es proteger a su institución de la justicia ordinaria, para que sus delitos como institución, no les cuesten desaparecer, reestructurarse, o sencillamente para evitar escándalos. 

El derecho canónico, (que debería estar mandado a recoger) y la justicia penal militar (que debería considerar algunos delitos fuera de su resorte) son sistemas de justicia propia, altamente cuestionados durante los últimos años y sin embargo siguen firmes como instituciones para judiciales, dedicadas a proteger y a esconder los delitos sistemáticos de sus miembros.

Del mismo modo funciona la Justicia Penal Militar, la misma que ha sido incapaz de condenar a los responsables del bombardeo del pasado 29  de agosto en el que por acción de la fuerza pública, murieron 8 niños. Lo único que sucedió con este impase desafortunado fue la renuncia del exministro Botero, tras la oportuna y exitosa moción de censura liderada por  el senador Roy Barreras. 

Sin embargo poco se ha sabido de condenas ejemplares a responsables directos de estas muertes, debido a que las “exhaustivas investigaciones” parece ser que dejaron exhaustos a quienes investigaban y aún no se reponen. El exministro Botero disfruta de impunidad en su casa.

Es ahora o nunca, presidente Duque, el momento preciso para estrenar la recién aprobada ley de cadena perpetua para violadores de niños en Colombia, esa que con tanta alharaca y parafernalia defendieron en su partido de gobierno, que viola la constitución, no arregla el problema estructural, cae en el populismo punitivo y no será aplicada a miembros de la fuerza pública.

Un soldado, ante la inminente perdida de su total libertad, no tiene nada que perder delatando a sus superiores, los responsables de que esas actuaciones sean sistemáticas en nuestro país.  Del ministro Holmes Trujillo para abajo deberían volar cabezas.

La fuerza pública necesita ser reestructurada de inmediato, debe acoger la paz firmada, debe garantizar la seguridad y el bienestar de la población.

Un ejército que viola niños indefensos, no merece el más mínimo respeto de nadie. Escupo en sus escudos y sus símbolos, no me merezco, como lo dijo otra columnista en este medio, un ejército capaz de tal infamia.

Miguel Ángel Rubio Ospina.

@rubio_miguel.