Por ADRIANA VALLEJO DE LA PAVA
Se encuentra en trámite en el Congreso de la República un proyecto de ley que pretende modificar la denominada Ley de Garantías. Ley que nació en la época de la reelección del expresidente Uribe y pretendía limitar la contratación directa de las entidades públicas cuatro meses antes del certamen electoral.
La limitación a la contratación de todas las entidades públicas, según la mencionada ley, pretende controlar a los ordenadores del gasto para que no recurran a ninguna modalidad de contratación directa porque a través de esta, supuestamente, se podría llegar a beneficiar al candidato del gobernante de turno.
Los beneficios de la Ley de Garantías no se conocen porque no se pueden medir, no son visibles y no resuelven los problemas de fondo de las entidades públicas, las cuales dependen de la contratación directa, especialmente, mediante contratos de prestación de servicios para atender las necesidades de la población y cumplir las metas de los programas de los planes desarrollo.
Lo que sí ha generado la ley es un tropiezo en la ejecución de los planes de acción de las entidades públicas, una congestión en los procesos de contratación antes de su inicio, lo cual aumenta los riesgos de los maratónicos procesos de contratación. También expone a las entidades a quedarse sin contratistas cuando los contratos se vencen en plena ley de garantías y muchos despachos dependen de una o varias adiciones de recursos para atender sus necesidades de contratación anuales.
Para el Procurador General y para la Misión de Observación Electoral (MOE), la talanquera a la gestión de los mandatarios debe continuar, para el primero porque considera que evita que el presupuesto y las nóminas públicas estén al servicio de una determinada opción electoral y para la MOE porque cree que le cierra la puerta a la mermelada y el clientelismo.
Tanta ingenuidad institucional no puede ser la base para frenar la inversión en los municipios y más ahora que la prioridad es reactivar la economía afectada gravemente por la pandemia. El clientelismo ha existido siempre. Los mandatarios nombran y contratan a las personas en las que confían, gobiernan con sus aliados y no con sus enemigos.
El problema está en el crecimiento del número de personas vinculadas por contratos de prestación de servicios que, en cambio, deberían estar vinculadas en las nóminas de las entidades públicas a las que ingresarían por concurso de méritos y no por recomendaciones políticas.
Adriana Vallejo de la Pava – Msc Ciencias Administrativas y Desarrollo – Twitter:@VdelaPava