En Colombia, el impuesto predial debería ser la base de la planeación territorial y de la justicia tributaria. Sin embargo, en la práctica, el sistema funciona como un coro desafinado. Notarías, oficinas de registro de instrumentos públicos, secretarías de hacienda, el IGAC y las áreas metropolitanas operan cada una con su propia lógica, sin una partitura común. El resultado es un ruido institucional que impide saber con certeza quién es dueño de qué, cuánto valen realmente los predios y dónde empiezan o terminan los linderos.
La descoordinación tiene raíces profundas. La fragmentación administrativa hace que cada entidad custodie sus datos como si fueran feudos independientes, sin mecanismos eficaces de integración. A esto se suma la falta de interoperabilidad tecnológica, que impide que los sistemas de información se comuniquen entre sí, generando duplicidades, inconsistencias y errores. Las trabas burocráticas, por su parte, retrasan la actualización catastral y perpetúan la confusión.
El catastro multipropósito, concebido como la gran apuesta para modernizar la información predial del país, avanza con lentitud. Las advertencias de los organismos de control sobre riesgos en la ejecución y pérdida de credibilidad evidencian que el problema no es solo técnico, sino estructural: el Estado sigue teniendo dificultades para coordinar sus propias instituciones.
Este desorden no es inocente. La opacidad favorece la especulación inmobiliaria, facilita la evasión fiscal y mantiene privilegios asociados a la concentración de la tierra. Mientras algunos se benefician de la incertidumbre, la mayoría de ciudadanos enfrenta cobros que no logra entender y municipios que carecen de información confiable para planear su desarrollo. Así, el Estado, en lugar de ser garante de seguridad jurídica, termina percibiéndose como un cobrador desordenado que no explica con claridad de dónde salen los valores que impone.
La salida exige decisiones de fondo. Se necesita un catastro multipropósito verdaderamente unificado que integre la información física, jurídica y económica de los predios en una sola plataforma interoperable. También se requieren instancias permanentes de coordinación entre entidades, acompañadas de una estrategia de digitalización municipal que fortalezca las capacidades
tecnológicas en los territorios más rezagados. A ello debe sumarse la apertura de espacios de auditoría ciudadana que permitan validar la información predial y reducir conflictos.
El problema, sin embargo, trasciende la tecnología. La falta de articulación refleja un Estado fragmentado, incapaz de coordinarse para cumplir una función básica: administrar con claridad la tierra sobre la cual ejerce su autoridad. Esta debilidad tiene consecuencias profundas: limita la inversión pública, alimenta disputas por la propiedad y erosiona la confianza ciudadana.
Colombia sigue atrapada en un desorden institucional que impide conocer con precisión la realidad de sus bienes inmuebles. Y en ese vacío no solo se pierden cifras. Se pierde confianza, se debilita la gobernabilidad y se compromete el futuro territorial del país.
Buen día Don Javier. Gran escrito.
El desorden es una de las bases de la corrupción, la cual ha cogobernado en este país desde siempre y con relación a las exorbitantes cifras del impuesto predial emitido por las autoridades que les corresponde es una muestra desesperada por recaudar fondos, reflejado en el abuso de las mismas.
Es un desorden diseñado, no es un desorden sustentado en la ignorancia, lo cual genera ruido y mal olor. Esperando de los entes vigilantes decentes y honrados investiguen el desorden, además, los usuarios en colectivo deben contratar peritos en el tema para que defiendan al usuario y sancionen esta vulgaridad .
Feliz día.
Buen día, es cierto hay un desorden pero como dicen en el
Artículo es intencionado hoy día y desde hace mucho tiempo las entidades territoriales funcionan como ruedas sueltas y se les olvida que Colombia es una república unitaria, que sucede que
Los organismos de control operan dependiendo de quién es el gobernante o jefe político de la región y olvidan que deben actuar con imparcialidad y transparencia en el ejercicio del control; todo esto facilita la corrupción y es por esta razón que el desarmen institucional es intencionado para facilitar las malas prácticas de los
Servidores públicos.