Cartagena, abril de 2026. Un fallo del Tribunal Administrativo de Bolívar ha causado sorpresa y polémica en el país: la corporación ordenó a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) devolverle al empresario Andrés Jorge Lisocki Fryde la Isla Fiesta, un predio insular de la Nación ubicado en el archipiélago de las Islas del Rosario, Cartagena.
Un paraíso arrendado a precio irrisorio
La isla, de entre 600 y 1.981 m² según distintos registros, fue ocupada irregularmente por Lisocki entre 2002 y 2006. Posteriormente, se formalizó un contrato de arrendamiento con el Estado, por el cual el empresario pagaba entre $200.000 y $280.000 mensuales. La cifra resulta insólita si se considera que el terreno está dedicado al turismo de lujo y cuenta con construcciones y zonas de manglar, ecosistemas protegidos.
Recuperación frustrada
La ANT, dirigida por Felipe Hartman, había recuperado la isla a comienzos de 2026, alegando incumplimientos y el vencimiento del contrato en diciembre de 2023. Sin embargo, Lisocki interpuso una acción de tutela invocando derechos adquiridos, y el Tribunal Administrativo de Bolívar revocó la decisión previa que favorecía a la entidad estatal.
Dimensión ambiental y jurídica
El caso ha generado indignación porque Isla Fiesta es jurídicamente un baldío insular de la Nación, lo que significa que debe permanecer bajo administración pública. Además, su ecosistema de manglares refuerza el argumento de que el predio no debería ser explotado por particulares.
Estado actual del conflicto
- Fallo judicial (abril 2026): El Tribunal ordenó restituir la isla al empresario.
- Posición de la ANT: La entidad insiste en que se trata de un baldío insular y se niega a devolverlo.
- Pagos cuestionados: El canon de arrendamiento, considerado irrisorio, contrasta con el valor turístico del predio.
- Dimensión ambiental: La presencia de manglares y ecosistemas protegidos refuerza la necesidad de control estatal.
Este insólito episodio revela cómo un particular adinerado logró usufructuar durante años un bien público estratégico, pagando una suma mínima y ahora amparado por un fallo judicial que pone en entredicho la capacidad del Estado para proteger su patrimonio natural y turístico.
Caramba ya la administración de justicia se volvió privada