Por: Oscar Alzate Gómez-Presidente Acord Risaralda
Por estos días el fútbol profesional y aficionado colombiano está viviendo uno de los peores momentos en su historia, no sólo por la exagerada parálisis por cuenta del virus, sino por el reciente escándalo de los presidentes de la Federación Colombiana de Fútbol y la División Aficionada, sumado a la puja por la salida del presidente de la Dimayor.
Fue noticia nacional e internacional que Ramón Jesurum, titular de Colfutbol y Álvaro González Alzate, presidente de la Difutbol, recientemente fueron sancionados por la Superintendencia de Industria y Comercio, con millonarias multas por el publicitado caso de la reventa de boletas dentro de las eliminatorias al Mundial Rusia 2018.
Jesurum recibió una multa-sanción de $ 304.617.885, la Fedefutbol $ 16.016.028, y Álvaro González de $46.467.135; por su parte Jorge Enrique Vélez, presidente del máximo ente rector del fútbol profesional se salvó, dado que apenas llegó a la Dimayor en el 2018, tras la salida de Jorge Perdomo.
Si bien el fallo todavía no está en firme, ya que Colfutbol anunció que presentará el Recurso de Reposición y de llegar a ser confirmado procederán a presentar demanda de Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, ante el Tribunal Contencioso de Cundinamarca.
Es de capital importancia aclarar que los directivos, para llegar a la instancia de nulidad, primero deben pagar la millonaria multa; dicen los especialistas que la opción de revocar el fallo es casi nula, porque ya hay sancionados en condición de delatores o, como se dice en el derecho penal, aceptaron cargos.
La situación es tan grave que incluso la SIC anunció que compulsará copias a USA-caso Fifa-Gate y a la Fiscalía colombiana para que investigue los presuntos delitos de agiotaje agravado, concierto para delinquir, corrupción privada y ofrecimiento engañoso de producto, entre otros.
Particularmente, pese a estas circunstancias de carácter judiciales, me atrevo a decir que los dos dirigentes deben dar un paso al costado, por las siguientes razones:
Marchan en contravía de lo que se denomina la buena Gobernanza en el Deporte, campaña emprendida por el Comité Olímpico Colombiano, apoyada por el Gobierno Nacional, y campañas de la misma Conmebol y Fifa.
La página web transparenciaeneldeporte.com la define como “Las estructuras y la toma de decisiones, la distribución del poder y la autoridad en un sistema u organización, la relación entre actores y partes interesadas, y los procesos para adoptar políticas, establecer objetivos e implementar decisiones. Como pare ser más directos, traigo a colación las palabras de Carlos González Puche, Director Ejecutivo de la Asociación Colombiana de Futbolistas, “plata si hay en el fútbol, lo que pasa es que se está quedando en los bolsillos de algunos directivos”.
Sigamos analizando los casos de los presidentes de Colfutbol y de Difutbol, que me parece a mí la tienen bien complicada.
Ramón Jesurum es el actual Vicepresidente Primero de la Confederación de Fútbol Sudamericana (Conmebol), desde noviembre de 2015 asumió la presidencia de la Federación Colombiana de Fútbol, y desde el año 2016, viene como miembro del Consejo de la FIFA, es decir tiene tres dignidades de mucho poder.
Por su parte Álvaro González Alzate, ostenta su cargo como presidente de la Difutbol desde 1993, es Vicepresidente de la Federación Colombiana de Fútbol desde el 2006 conforme al estatuto de la Federación, también sirve como delegado de la Conmebol en las comisiones de la FIFA, y ha sido en varias oportunidades delegado por la Federación en los congresos del mismo Organo Mundial del fútbol.
El dirigente barranquillero pertenece al Consejo de la FIFA, que es un órgano no ejecutivo, supervisor y estratégico que marca la visión de la FIFA y el fútbol mundial, y para alcanzar esta dignidad, fue designado por la Conmebol en un Congreso.
Por su parte, el dirigente Manizaleño, en varias ocasiones ha estado como delegado de Colfútbol en Asambleas de FIFA y en la Difútbol lleva eternos 27 años como presidente.
No se puede desconocer que ha velado por el fútbol aficionado y en su momento por los árbitros del fútbol, pero no es sano un dirigente tanto tiempo en el poder.
Ahora bien, el renovado estatuto de la Conmebol en Asamblea de Perú/2016, estableció una Comisión de Gobernanza y Transparencia, totalmente independiente en la cual cada año elabora un examen de integridad a cada integrante de algún órgano de la Conmebol. Para ser más claro, es un formato que debe llenar indicando si tiene investigaciones o sanciones.
¡ Blanco es, gallina lo pone ¡ no pueden seguir los presidentes colombianos en cuestión en Colfutbol-Conmebol o FIfa.
A eso sumado que la Comisión Disciplinaria de la Fedefútbol debe investigar y sancionar si es del caso, como también la Oficina de Inspección Vigilancia y Control de Mindeportes, como mínimo está facultado para retirar del cargo transitoriamente a los dos dirigentes mientras definen su situación.
El mismo Ministro Lucena, dijo públicamente que analizaría con la Oficina de Inspección Vigilancia y Control que acciones tomaría.
El caso de Dimayor es distinto.
Ya el caso de Jorge Enrique Vélez presidente de Dimayor es distinto, su problema no es precisamente corrupción; su problema es la mala gestión sobre todo económica, constante violación de los estatutos y privilegios para algunos clubes, situación que lo tiene con un pie casi fuera de la presidencia.
Poco a poco los equipos que lo apoyaban le están dando la espalda, de 36 clubes de la A y de la B ya tiene 20 en su contra.
Es más, pareciera que en la próxima asamblea extraordinaria de Dimayor programada para este viernes 24 de julio con el objeto de reformar el estatuto para establecer cómo terminarán los campeonatos la A de la B, la suerte del Femenino y de la Copa Colombia, le podrían dar el golpe de estado, siempre y cuando no renuncien antes.
Dentro del seno de la institución se afirma que el Presidente gana 80 millones de pesos mensuales con un contrato indefinido, y está solicitando una indemnización cercana a los mil millones de pesos, un grupo negociador o comisión de presidentes le ha ofrecido 300 millones y aun así no ha querido aceptar.
Quiero aclarar que esta exigencia por ley es un exabrupto, pues el código laboral en su art. 64, claramente precisa que en este tipo de contratos si gana más de diez salarios mínimos, como es el caso particular, se indemniza el primer año con 20 días y 15 días por los subsiguientes, es decir si partimos de los 80 millones mensuales habrá que pagarle 50 días de salario y listo, pues lleva en el cargo desde el año 2018. La indemnización equivale a $ 133.333.333.
¿Dónde está la dificultad jurídica de la salida? No basta sólo con indemnizarlo y que se vaya, pues necesariamente se necesita que sus empleadores, que son los 36 clubes, voten este punto específico en la asamblea extraordinaria que se avecina.
Una buena opción legal para materializar el denominado golpe de estado, es la planteada por el abogado y presidente de la Equidad Carlos Mario Zuluaga, profesional con bastante experiencia fuera del fútbol, en cooperativismo y asambleas.
El directivo señala el art. 425 del Código del Comercio que permite en asambleas extraordinarias como la del viernes 24 de julio, que una vez agotado el orden del día se podrá remover a los administradores (presidente), con la mitad más uno del quorum, es decir un mínimo de 18 votos y ya sabemos que hay 20 que apoyan la salida. Es la mejor opción, y todavía no se sabe qué pasará.
El segundo inconveniente que tendrían por definir, es la escogencia del nuevo presidente; lo más lógico es que sea Ramón Jesurum, transitoriamente por lo menos, mientras termina el año, pero con las investigaciones en las que está envuelto, por donde se le mire, no sería sano.
Lo más acertado primero es que agote el debido proceso y salga bien librado, pues si hablamos de buena gobernanza, no sería ético y Mindeportes, ni ningún colombino podríamos permitir eso.
Ahora bien, algunos presidentes que apoyan a Jorge Enrique Vélez para tratar de sostenerlo hicieron varias reuniones con el ánimo de distraer la atención, asegurando que solicitarían a la Dimayor que les permita organizar un torneo dejando de lado a los clubes disidentes.
Al respecto Eduardo Méndez, presidente del Santa Fe, argumenta que dicha propuesta sería errada, basado en el Código Disciplinario de la Fedefutbol, que sanciona a los clubes que compitan en torneos no oficiales.
A mi juicio esa no es sería causal para sanción, bajo el entendido de que el eventual campeonato tendría el respaldo de la Dimayor, y en ese orden de ideas no sería ilegal.
Así las cosas, lo que sí sería ilegal es organizar competencias sin la totalidad de los clubes, pues en el estatuto está reseñado que la Dimayor tiene 36 clubes afiliados, y no permitirles competir evidenciaría la ilegalidad, que la misma Comisión Disciplinaria del Torneo, la Comisión Disciplinaria de Dimayor o Mindeportes terminarían anulando.
Moraleja
Con estas cifras en cuestión y procedimientos irregulares de los directivos, vuelve y se demuestra que en el fútbol profesional como en casi todos los negocios, el factor dinero para muchos es lo único que interesa y tuerce toda buena intención o trabajo.
A veces a los dirigentes del fútbol les pasa lo mismo de algunos políticos, se les vuelve común llenarse los bolsillos pasando por encima de los demás y como suele ocurrir, al final la ambición termina rompiendo el saco.
Primero cayó el pereirano Luis Bedoya y ahora siguen investigados Ramón Jesurum y Alvaro González Alzate.
¡ Sin lugar a dudas la tienen bien difícil para salirse de este lío ¡