Uno de los resultados positivos a reconocer del gobierno alternativo de Gustavo Petro, es que hoy, millones de colombianos, de todas las tendencias políticas, sociales y económicas, se preocupan más del curso y suerte de la nación. Buscan a través de redes sociales o medios alternativos información sobre los hechos y decisiones que involucran las labores del gobierno. Para contradecir o aprobar. También son conscientes que la crisis profunda que viven hoy el sistema de salud, los servicios públicos, con sus onerosas tarifas y abuso de las empresas, el alto número y costo abusivo de los peajes en las vías nacionales, entregados a poderosos concesionarios. Saben que su fracaso es consecuencia de las perversas decisiones tomadas por gobiernos pasados.
Quiero referirme en esta columna al estado que presentan hoy algunas de las múltiples obras contratadas hace algunos años, y que la comunidad sufre con gravísimas consecuencias en su calidad de vida y derechos, ante los incumplimientos de las autoridades y contratistas responsables, sin que ningún organismo de control proceda y obligue a que cesen los desaciertos y se reviertan los derechos vulnerados. Se denuncian a diario actos de corrupción, atraso y abandono de las obras contratadas, para ejecutar las obras que requieren municipios y departamentos, para mejorar su atrasada red vial, servicios públicos, educación, salud, gestión del riesgo, entre otros.
Un ejemplo, en Dosquebradas el proyecto Agüita- Montebonito. Para su financiación, la alcaldía de Diego Ramos, a través de su entonces directora de la DIGER Luz Adriana Mejía, hoy de nuevo titular del cargo por designación del alcalde actual, lograron que la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo UNGRD, costeara estas obras por $20.000 millones. Se contrataron de manera directa, obra e interventoría, obviando la licitación pública, abusando de la figura de urgencia manifiesta, no obstante que la oficina jurídica de UNGRD advirtiera que no era posible utilizarla, mediante contratos suscritos el 21 de febrero de 2023 con el consorcio Box Dosquebradas por $18.565 millones y CIVILEC por $1.300 millones. A la fecha han pasado 23 meses del inicio, las obras presentan graves retrasos, y la situación de los residentes del sector es gravísima. Son incalculables las pérdidas para decenas de familias en su salud, bienestar, inmuebles, y enseres. Los videos publicados por moradores durante y después de cada lluvia, revelan la catástrofe que se repite en cada evento, pero también muestran los videos en TIK TOK, donde los funcionarios responsables, ofrecen ridículas y mentirosas explicaciones, poniendo de manifiesto la incompetencia de todos ellos. No hay con que hacer un caldo. Pero todos caen parados, y los que mal actuaron en el pasado, hoy los traen de salvadores. Vivir para ver, dice el viejo refrán. Obras contratadas sin estudios y permisos ambientales, y pésimos estudios de ingeniería. No sienten la más mínima vergüenza. Este irregular procedimiento es la constante en los proyectos de esta entidad, nada pasa, hay denuncias desde 2022.
En 2016, siendo ministra de Educación Gina Parody, a través de la Unidad de Gestión del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa – FFIE- en el marco del ciclo del proyecto de infraestructura educativa le adjudicó a dedo al Consorcio Mota- Engil un contrato para la construcción de 249 instituciones educativas por $980.000 millones. En Risaralda este consorcio debía construir 24 proyectos, entre los cuales estaba en Santa Rosa la I.E. Pedro José Rivera, y otras que dejó abandonadas con un avance de solo el 18%, pues en 2018 fue objeto de caducidad, dejando tras de sí, innumerables fracasos, hoy a 2024 hay innumerables obras sin terminar. Para terminar el Pedro José Rivera, en 2020 se adjudicó su culminación al Consorcio JPAV- ARQUICIVILES por $16.630 millones. Pasados 4 años, de este segundo contrato, las obras no se terminan, piden más plazo y más recursos. Estudiantes hacinados en otras instituciones y durante años ausente de aulas dignas y espacios para una educación integral y de calidad. Nadie responde, consecuencia de otro proceso amañado y con ausencia de interventoría y vigilancia de organismos como CGR y PGN.
Seguiremos mostrando algunos graves desaciertos y violaciones del régimen contractual y los contratos suscritos. No los podemos mostrar todos, no hay ni espacio, ni tiempo. Los daños a la comunidad son incalculables, pero más grave es el daño a la confianza del ciudadano en sus instituciones y funcionarios. La corrupción capturó y tiene a su servicio la justicia. Los procesos de contratación están diseñados para robar.
¡Nada qué hacer!
Y Uribe tranquilo rcn mudo caracol y semana ciegos