El Juzgado 45 de Bogotá ordenó a la senadora María Fernanda Cabal rectificar, en un plazo de cinco días, las afirmaciones que realizó contra la Unión Patriótica. La decisión judicial señala que la congresista vulneró los derechos a la verdad y a la memoria de las víctimas al calificar al partido como brazo político de las Farc sin sustento probatorio.
La orden incluye la obligación de ofrecer disculpas públicas a través de los mismos canales en los que emitió sus declaraciones. La medida responde a una acción de tutela interpuesta por la Defensoría del Pueblo, que buscaba proteger los derechos de las víctimas y de la colectividad política.
El fallo establece un precedente sobre los límites de la libertad de expresión en el ámbito político, subrayando que las declaraciones de los funcionarios públicos deben estar respaldadas por información verificable.
La Unión Patriótica, organización que sufrió graves hechos de violencia en el pasado, recibe con esta decisión un respaldo institucional en la defensa de su legitimidad y en la protección de la memoria histórica.
