Por AURA MARLENE RÍOS CHAPARRO
En Colombia nos hemos ido acostumbrando a que cada entidad, ya sea pública o privada, tiene su propio Código. La Constitución y las leyes vigentes pasaron a un segundo plano, en la medida que cada ente fija sus propias reglas, pasando por encima del orden jurídico legalmente establecido en el país. Cuando nos dirigimos a una entidad a realizar un trámite, hay qué preguntar, ¿qué norma aplican allí?, ¿qué hay que hacer?, ¿Cómo funcionan?, ¿qué exigencias tienen?, etc.; cuando el deber ser indica que, si una ley está vigente, aquella debe aplicarse en todas las actuaciones similares en cualquier entidad.
El Código Civil Colombiano, data de 1873, y a la fecha continúa vigente, con muy pocas modificaciones. Por ende, el contrato de mandato, reglado en los artículos 2142 y s.s., de la citada ley, es una de las normas más antiguas de nuestra legislación, razón por la cual, cualquier persona está facultada para confiar una gestión a otra, simplemente haciendo uso de un poder. A su turno, la Constitución de 1991, señala en su artículo 29, el debido proceso administrativo, el cual implica que en todas las actuaciones de los ciudadanos se debe respetar la Constitución y la Ley.
Sin embargo, esto parece estar simplemente plasmado en el papel. En Colombia, el orden constitucional y legal es modificado a diario por cualquier entidad, o particular inclusive, que tiene posición dominante, respecto de los ciudadanos que requieren de sus servicios, o ejercen una relación de consumo.
Ahora bien, para no ir tan lejos, por estos días conocí de mi primara mano, el drama de un ciudadano que necesita sacar un vehículo de su propiedad, de un parqueadero en la ciudad de Cali; labor más que titánica. El vehículo fue inmovilizado en el parqueadero por una medida cautelar dentro de un proceso civil, lo cual es absolutamente normal de conformidad con el orden jurídico vigente. El drama comienza cuando las partes del proceso se ponen de acuerdo y deciden levantar la cautela del automotor. El Juzgado ordenó cancelar la medida el 7 de octubre del año en curso. El oficio que ordena la entrega de la camioneta es del 13 de noviembre. Por su parte, el parqueadero aduce vía telefónica que no acepta el poder autenticado en Notaría, para que un dependiente del propietario del vehículo lo pueda reclamar; que el propietario debe desplazarse personalmente, sí o sí, desde Bogotá a Cali. Es decir, un particular, en este caso un parqueadero, se abroga la potestad de imponer sus propias normas y dejar a un ciudadano sin la posibilidad de otorgar un poder para encomendar una gestión en su nombre.
Así las cosas, ante la imposibilidad de viajar el propietario del vehículo, la insistencia con el parqueadero lleva dos semanas, pero se desconocen las razones jurídicas que sustentan el abuso de dicha entidad privada, siendo claro que esa determinación vulnera derechos fundamentales, tales como el debido proceso, que es de rango constitucional. Vaya poder el de un parqueadero… Los Jueces reciben el poder para que el demandado sea representado por su abogado en un pleito; los Notarios reciben el poder para suscribir una escritura pública de trasferencia del derecho de dominio de un inmueble; en Colombia se acepta el matrimonio por poder, etc., pero un parqueadero tiene en jaque a un ciudadano a quien seguramente la va a tocar acudir a la Acción de Tutela.
Por consiguiente, todavía nos preguntamos ¿por qué razón somos un país atrasado, pobre, dominado por la corrupción, etc.? Solo el día que nuestra mentalidad cambie, lograremos superar el atraso, la desigualdad y la ignorancia; mientras tanto, la burocracia continuará haciendo lo que quiera. Qué decir de los empleados que se creen dioses por estar en un puesto de trabajo obedeciendo órdenes sin tener derecho siquiera a pensar.
Para mediados del año 2012, cursando una Especialización en Derecho Público, tuve la fortuna de ser alumna de un gran Constitucionalista, mi Maestros de Ideas Políticas, un hombre brillante, crítico, pensante, un intelectual. En una de sus clases afirmó, que tener jefe era la forma más fácil de convertirse en un mediocre; que aceptar ser empleado era demostrar la incapacidad para ser libre y la comodidad de no tener que estrenar el cerebro, porque simplemente tenía que obedecer al jefe. Para ser sinceros, pensé que exageraba, pero con el tiempo comprobé que desafortunadamente es cierto.
En conclusión, estamos sometidos a la arbitrariedad por cuenta de la ignorancia. Todos los días escuchamos respuestas sin argumentación alguna, a saber: mi jefe es el que manda, aquí hacemos las cosas así, y si no le gusta haga lo que quiera, entre muchas otras. Un jefe toma decisiones, ejecuta, ordena; el empleado obedece, entonces debemos cuestionarnos, dónde quedan la lógica, la sana crítica, la argumentación, la ética, entre otros. ¿Será que solo importa obedecer para ganarse un salario mensual?, eso que llaman, un puestico fijo, con un sueldito fijo…