La cumbia del Plan Estratégico de Seguridad Vial

Por: Juan Carlos Parra Sanabria

En Colombia desde el año 2011 se conoció la Ley 1503, la cual exigía en su artículo 12 la elaboración de un plan estratégico de seguridad vial (PESV) a todas las empresas que tengan, usen, alquilen o comercialicen más de diez vehículos para el cumplimiento de su misión o que administren conductores.

El asunto no fue fácil, porque el mismo Ministerio se demoró 3 años para expedir la resolución 1565 de 2014, por medio de la cual , entregaba a los colombianos la guía metodológica para elaborar un plan estratégico de seguridad vial, muchas empresas utilizaron con mucha energía y entusiasmo  esta hoja de ruta y con ellos se defendieron presentándolos a la superintendencia de transporte y a los diferentes organismos de tránsito de acuerdo al radio de acción de la empresa que presentaba el documento.

Lo que nadie ha contado, es que el bendito trámite se convirtió en un viacrucis para todos, en muchas ocasiones algunas robustas industrias pagaron cifras enormes a entidades consultoras de seguridad vial para elaborarlos, otras se resguardaron con asesores que tenían experiencia en el sistema de seguridad y salud en el trabajo y además de ayudarles en el sistema de gestión que tenían que presentar al ministerio de trabajo, pues también, les hicieron el plan estratégico.

Pero empezaron a llegar devoluciones desde la capital, lo que se convirtió en el caos para los encargados, por quedar en jaque y no poder cumplir con la Ley quedaron vulnerables a lo que pudiera pasar. Algunos administradores, de manera anónima y susurrando al oído, nos contaron que los mismos funcionarios  públicos o contratistas de las alcaldías, que calificaban los PESV, ofrecían SUS servicios “muy” profesionales para adecuarlos de tal manera que sí pudieran pasar su propia calificación, en otras ocasiones llegaban de sorpresa, cotizaciones de empresas de Bogotá que sabían que la superintendencia había devuelto el PESV y que de casualidad les cotizaban sus servicios, ¿Cómo conseguían esas bases de datos, es emprendimiento sano y transparente?.

Lo que se propuso desde el congreso en la Ley 1503 de 2011, una buena medida, inocente y dirigida a reducir los riesgos de los empleados a sufrir siniestros viales, se convirtió en un nido de corrupción y una manera efectiva para extorsionar a los empresarios.

Pues, así es nuestro mundo jurídico y especialmente el de la seguridad vial, veamos lo que pasa con el decreto anti tramites 2106 de 2019, encontré en el artículo 110 un paso al futuro, por fin un decreto anti- tramites nos llevaba a un escenario serio; esta oportuna norma quitó el AVAL que la autoridad tenía que dar al documento, basado en la guía metodológica de calificación expedida por el ministerio de transporte en la resolución 1231 de 2016, con ello cada una de las empresas elaboran su plan y lo ponen en marcha y en el transcurso del año recibirán la visita  para realizar auditorías sobre los avances de los procesos en cada pilar.

Pero en Colombia estamos como la cumbia, en este momento avanza con fuerza una nueva reforma de la ley 1503 de 2011 en su artículo 12 , donde quieren que la agencia nacional de seguridad vial haga la revisión de los Planes estratégicos de seguridad vial y los califique, o sea que volvemos al antiguo método y al mismo problema en el que empezamos, mejor dicho volvimos al mismo sitio, dimos un paso adelante con el decreto anti tramites y ahora vamos dos para atrás con el proyecto de ley que se discute en la comisión sexta constitucional.

Esta es la cumbia del plan estratégico de seguridad vial