Ante la multiplicidad de desplazamientos colectivos forzados, homicidios, confinamientos, secuestros, y extorsiones, llama la atención el informe presentado en Washington por la MAPP-OEA sobre nuestra situación de orden público, en el que se concluye que en medio de la “paz total”, programa bandera del gobierno Petro, no se ha frenado el crecimiento y fortalecimiento del accionar violento de los grupos armados, afectándose en materia grave la población civil. La “paz total” lo único que ha provocado es una reestructuración del panorama criminal en el país, dándole fuerte impulso a la lucha por el control territorial de economías ilícitas, mientras el Gobierno tercamente mantiene con las manos atadas a las Fuerzas del Orden, las que no pueden actuar en contra de los grupos con los que pacta ceses al fuego, sin siquiera exigirles abandonar las rentas de sus presuntas acciones criminales, como condición para dialogar. Algunos grupos como el Estado Mayor Central (EMC) han logrado consolidar corredores estratégicos en el Cauca y otras regiones del sur del país. En lugares como Cauca, Nariño, Norte de Santander y Putumayo, la disputa entre varios grupos criminales por la participación en la cadena del narcotráfico parece haber alejado a los compradores nacionales de pasta base y cocaína, bajando los precios de la coca y aumentando la sobreoferta en las zonas de producción. Algunos de estos grupos han tratado de aumentar sus ingresos con otras economías criminales como la minería, la extorsión y el secuestro. Este último, pese a estarle prohibido en el marco del cese al fuego, el ELN ha continuado con el secuestro como forma de financiación, negándose a dejarlo, simplemente arguyendo que el Gobierno no les ha cumplido con el fondo multidonante con que Petro se comprometió en su visita a Alemania. Según datos de la Fundación Ideas para la Paz, la confrontación entre grupos al margen de la ley ha aumentado un 85%, ampliándose a otras zonas del país en el marco de la “paz total”. Algunos de estos territorios fueron antiguos bastiones de las Farc, que tras su desmovilización en 2016 dejaron un vacío de poder que desencadenó varios de los conflictos actuales en zonas como Chocó, Antioquia, Nariño, Arauca, Putumayo, sur de Bolívar y Cauca. La organizaciones mafiosas bacrim y bandas emergentes hacen parte activa del conflicto armado interno, operando en todo el territorio nacional con aliados estratégicos como las disidencias de las Farc, disidencias del EPL y varios narcotraficantes, manteniendo claros nexos con varias mafias mexicanas, como el Cártel de Sinaloa y los Zetas. Un dato preocupante que nos da la magnitud del problema que estamos tratando, es que cerca del 85 por ciento de la ciudad de Medellín está bajo el dominio de unas 140 organizaciones armadas, según se desprende de la alerta temprana N° 032 – 2020 de la Defensoría del Pueblo, manteniendo a esta importante comunidad en zozobra y bastante temor, razón por lo que la denuncia no es la constante, pero sí el silencio y el miedo. Con este complicado estado de cosas Petro pretende tramitar los reclamos sociales, llevando a la calle la violencia ciudadana, intimidando al poder instituido y a la ciudadanía inerme. La última amenaza del intoxicado gobernante y vayamos a saber con qué se intoxicó, fue decirnos que si bien el Congreso debe tramitar la convocatoria a la constituyente, de no hacerlo, el poder constituyente lo hará. O sea, Sí o Sí. Existiendo tan buenos oradores en el Congreso, por qué en vez de atacar al Ejecutivo en forma individual y desorganizada, no se unen para hacerle un debate serio, objetivo y contundente, con claras pruebas en el que se demuestre sus violaciones al juramento prestado, al incumplimiento de sus promesas de campaña, de sus extralimitaciones y, por sobre todo, un debate en el que antes de iniciarse, se apruebe parar el trámite de los proyectos de ley en discusión. Solo así el país entendería que hay un Congreso que responde al elector primario que en su inmensa mayoría hoy, considera que el Gobierno está peligrosamente exponiendo al país con sus reformas a la Salud y la Pensional. Un debate, limpio y transparente, en el que se dé a conocer los alcances de lo sucedido en la UNGDR en el que 380 mil millones de pesos fueron comprometidos en un escandaloso acto de corrupción, dirigido y manejado por un hombre de las entrañas del Presidente. Un debate, que para que se dé, igualmente debe obligar a los presidentes de Senado y Cámara, supuestamente comprometidos en el ilícito, apartarse de sus cargos. Un debate que se constituya en el reconfortante más poderoso para que los colombianos recuperemos la fe perdida en nuestras instituciones.
Alberto Zuluaga Trujillo. Alzutru45@hotmail.com