La regulación económica e Hidroituango

Por ÁLVARO BELTRÁN ALZATE

Hidroituango es un proyecto de grandes ligas con una inversión que supera los 16 billones de pesos, con una capacidad de generación de 2.400 Mw, para una producción anual de 13.930 GWh de energía media anual; hoy tiene serias dificultades debido a decisiones tomadas desde su junta directiva con relación a las recomendaciones de los estudios técnicos, que decidió la construcción de una Galería Auxiliar de Desviación sin licencia ambiental, y los constructores no siguieron los diseños originales; mas las serias dificultades técnicas, ambientales, legales y financieras, en la que constructores y diseñadores se echan culpas, amén de las preguntas que cualquier ciudadano se hace con respecto a la seriedad de la interventoría, supervisión por parte de EPM y de los organismos de control del estado.

Se debe llamar la atención para que la CREG, la Superservicios, la SIC, los organismos de control y el Congreso tomen las medidas necesarias para que estos errores tan costosos de ineficiencia y corrupción no vayan ser financiados por los usuarios, como en el caso Electricaribe. Estos yerros los deben pagar los dueños del proyecto, pues su junta directiva debía tener toda la información para deliberar y tomar decisiones acertadas, así como realizar control y seguimiento integral del proyecto.

Colombia ocupa un penoso lugar en América Latina en el precio del KWh, y se debe al parecer a la ocurrencia de fenómenos climáticos como el fenómeno de El Niño, sin embargo, Colombia no ha afrontado en los últimos 25 años fenómenos climáticos de esa naturaleza que pasen de ser débiles o moderados, a pesar de eso, los valores de la energía durante esos períodos han llegado a precios de escasez, lo que nos da serias dudas para sospechar de posibles presiones indebidas que existen sobre los precios.

Es díficil determinar si hay o no restricciones a la libre competencia en el mercado de energía eléctrica, sin embargo, existen serios indicios para pensar que en ese sector hay las condiciones adversas para ese tipo de prácticas por dos razones: la primera, la concentración de la generación en unos pocos actores como el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, EPM, EMGESA y CELSIA tienen cerca del 80% del mercado, y segundo, la debilidad institucional de los organismos que hacen parte del sistema de control y fomento de la competencia. Hoy el precio del componente de generación es cercano al 40% del costo total unitario al usuario final.

Los organismos de control y fomento de la competencia deben determinar con estudios serios sobre la influencia de los agentes generadores en la formación del precio, y si esta corresponde a lo que sucedería en un ambiente de competencia perfecta, pues al aplicar indicadores internacionales, al parecer, ello no ocurre.

Al Congreso le corresponde la creación de una política pública dirigida a la protección de la competencia, enfocada a que los precios en el mercado de energía eléctrica sean correctos, con jueces competentes para evitar relaciones colusivas entre los agentes del mercado, y no influyan en los precios a los usuarios finales.