Por JAMES FONSECA MORALES
El Gerente del Hospital San Pedro y San Pablo de La Virginia, Neuridio Alberto Vinasco, en una entrevista que publicó El Diario, hizo una radiografía de la situación económica de esa E.S.E, que debe prender las alarmas entre los responsables y los interesados en su funcionamiento.
La situación se resume así: con una facturación proyectada a $1.400 millones mensuales, el Hospital está recaudando $700 millones, entonces su cartera, que ya llega a $9.000 millones, con más del 30% de difícil cobro; podría estar creciendo en unos $700 millones mensual. Un crecimiento de proporciones parecidas al que contribuyó a la crisis del Hospital San Jorge de Pereira.
Ese estado financiero amerita la reconsideración de inversiones importantes que se proyectan en la E.S.E. San Pedro y San Pablo. Cambiar el software con el que se maneja el Hospital, cuando es menos costoso renovar el que se tiene, cuya conectividad está probada; merece un análisis riguroso de costo-beneficio.
Operar una Unidad de Cuidados Intensivos, que requiere un grupo costoso y altamente especializado de profesionales, podría elevar el déficit de tesorería, si las E.P.S. no revierten la tendencia de consumir servicios y no pagarlos a tiempo.
Las explicaciones sobre las causas de la riesgosa situación financiera del Hospital de La Virginia van desde haber mantenido la nómina durante la pandemia, por orden del gobierno nacional, a pesar de tener servicios cerrados y pasan por la absurda lucha por el mercado de pacientes que el Hospital tiene que sostener frente a los servicios médicos de I.P.S. privadas y públicas de Pereira, con las que tienen contratos las E.P.S., que hacen desplazar a sus afiliados hasta la capital en busca de exámenes o de procedimientos, para los que el Hospital San Pedro y San Pablo tiene habilitación.
Tales desplazamientos son una clara violación de la Ley 1122 de 2007, que dispone: «Se garantizarán los servicios de baja complejidad de manera permanente en el municipio de residencia de los afiliados, salvo cuando a juicio de estos sea más favorable recibirlos en un municipio diferente con mejor accesibilidad geográfica». Porque para los habitantes de los municipios del occidente de Risaralda y de La Virginia, la mejor accesibilidad geográfica esta en este municipio. Esta violación requiere que la contundente intervención de la Superintendencia Nacional de Salud, Supersalud, la detenga.
Con todo lo anterior, nuestra preocupación no es solo por el Hospital de la Virginia. Aunque no tenemos cifras oficiales, si tenemos razones para creer que otros hospitales de Risaralda podrían estar atravesando situaciones similares, lo que hace urgente aplicar las medidas necesarias para corregir sus finanzas.
No sería aceptable que después de salvar al Hospital San Jorge, se ahogaran otros que también pertenecen al sistema hospitalario público de Risaralda.
La Salud es un derecho de todo ciudadano, el modelo implementado a través de la Ley 100 de 1993 perverso por demás convierte ese derecho en un privilegio y en un negocio que impone lo económico por encima de la vida de millones de colombianos, el estado permite que quienes se benefician del negocio no cumplan con sus obligaciones financieras y lleven a la quiebra del sector público a la red hospitalaria y que serían suplidas por los dueños del poder económico a través de clínicas que reemplazarían ese servicio a un costo por encima de lo social.
Eterno problema, el congreso y los gobernantes nada que dan soluciones de fondo, es delirante tanta apatía.