Jaime Cortés Díaz
En medio de las discusiones sobre el denominado Rescate Fiscal, la ambiciosa reforma tributaria, el agotamiento de las finanzas públicas y las enormes exigencias de reconstrucción que dejó el terremoto del 10 de agosto, parece haberse extraviado una de las prioridades fundamentales que el país reclamaba al nuevo Gobierno: la recuperación del sistema de salud, una emergencia humana que no admite demoras que causan muertes ni puede quedar sepultada bajo otras urgencias presupuestales sin que ello signifique castigarla con impuestos.
En esta columna advertimos con oportunidad que la salud y la seguridad debían constituir los dos grandes pilares de acción inmediata de la administración de Abelardo de la Espriella. No eran simples compromisos electorales, sino imperativos nacionales frente al deterioro de servicios esenciales y la angustia de millones de colombianos.
En artículo publicado este año en la revista de Copesa, Dimensión Económica, edición 45, abordamos la necesidad de rescatar la atención sanitaria mediante decisiones estructurales, financiación suficiente, recuperación de la confianza institucional y garantías efectivas para los pacientes, pues, ningún esfuerzo oficial merece tal nombre si sus resultados no llegan a quienes esperan medicamentos, procedimientos, diagnósticos y tratamientos oportunos. Hoy corresponde reiterar aquella advertencia. Y se agregó: “La salud emerge como una prioridad Nacional inaplazable, pero también como un símbolo de la relación entre Estado y ciudadanía… Cuando la percepción de abandono crece, también lo hace el descontento social y la erosión de la confianza pública”.
Mientras las autoridades concentran sus esfuerzos en cerrar el gigantesco boquete fiscal heredado, entre cuestionamientos por despilfarro, endeudamiento inopinado y corrupción, los enfermos continúan padeciendo las consecuencias de un sistema cuya crisis financiera se traduce en sufrimiento cotidiano.
La ministra de Salud tiene la obligación de explicar cuál será el verdadero plan de choque. No basta anunciar partidas que parecen simples ungüentos sobre heridas profundas; ni prolongar de modo indefinido estudios relacionados con el incremento de la Unidad de Pago por Capitación, UPC. Su suficiencia constituye asunto inaplazable, pero tampoco resuelve por sí sola los problemas de gestión, oportunidad, vigilancia y prestación efectiva.
Se habla de soluciones presupuestales precisamente cuando las dificultades fiscales y los tropiezos legislativos siembran incertidumbre sobre la disponibilidad de recursos. ¿De dónde saldrá el dinero? ¿Cuándo llegará a hospitales, clínicas y prestadores? ¿Cómo se garantizará que las obligaciones pendientes no continúen asfixiando la atención? De ahí viene aquella respuesta popular cargada de ironía: «Por plata no se preocupe, que plata no hay».
Como si semejante panorama resultara insuficiente, el proyecto tributario propone elevar del 5 % al 19 % el IVA de la medicina prepagada, aunque contempla tratamientos diferentes para pólizas y planes complementarios. Una medida que merece revisión cuidadosa, pues encarecería una alternativa que muchas familias sostienen con sacrificio, adicionalmente a sus aportes obligatorios. ¿Tiene sentido desestimular esas coberturas cuando el sistema general atraviesa semejantes dificultades?
De esencia dolorosa resulta la situación de quienes, además de enfrentar enfermedades, soportan las consecuencias del terremoto: viviendas destruidas, ingresos comprometidos, desplazamientos y una incertidumbre que parece interminable.
Comprendemos que gobernar exige atender en virtud simultánea seguridad, reconstrucción, empleo, deuda pública y estabilidad económica. Pero ninguna de esas responsabilidades autoriza relegar el derecho fundamental a la salud. Las cifras fiscales pueden lograr alternativas congresionales, pero las enfermedades no conocen calendarios legislativos.
Es indispensable convocar a prestadores, aseguradores, profesionales, pacientes y autoridades para establecer compromisos verificables, financiación transparente y resultados medibles. Menos anuncios y más decisiones, porque detrás de cada autorización negada, medicamento ausente o cirugía aplazada existe una persona, una familia y una esperanza que se desgasta. Resulta de modo moral inadmisible que quienes sufren lleguen a convencerse de que tampoco tienen dolientes en el Estado.
Rescatar las finanzas públicas es necesario. Rescatar la salud y la vida de los compatriotas es inaplazable.


