Por Oscar Alzate Gómez
Total desconcierto, polémica y de todo tipo de expresiones de mal gusto entre el gremio del deporte, se generó por el hundimiento del Proyecto Tasa-Prodeporte y Recreación que no tuvo su aprobación en la primera sesión de las extras, por parte de la totalidad de los Diputados que conforman la Asamblea Departamental de Risaralda.
Inicialmente la noticia se regó como pólvora en las redes sociales, “sólo dos diputados votaron a favor (Juliana Enciso y Daniel Silva) y los restantes diez de forma negativa”.
Es más, llamó hasta la atención que el mismísimo Silva, especialista en votar en contra, casi todo, apoyara la iniciativa e incluso junto con Juliana participara de un foro virtual organizado con la prensa deportiva, en el cual estuvo Acord Risaralda, entidad que yo represento.
Lógicamente se genera el mal ambiente de que la mayoría de los corporados no gustan del deporte, pero cuando nos damos a la tarea de averiguar con exactitud la realidad es otra; como se dice popularmente “no pretendo ser abogado del diablo”
Simplemente que los diputados que votaron negativamente consideraron que el proyecto que pretende crear otro gravamen o impuesto (2%), sobre algunos contratos con la Gobernación de Risaralda, no ha sido lo suficientemente socializado entre la comunidad deportiva y por consiguiente, se debe hacer ese proceso entre lo que falta de agosto y septiembre del presente año. ¡ Me parece lógico ¡.
Es decir, en octubre cuando vuelvan a sesiones ordinarias se volverá a presentar y aprobar, por lo menos eso es lo que da a entender el presidente de la Duma Juan Diego Patiño, en un comunicado de prensa que sacó para tratar de mitigar el impacto negativo que causó la mala noticia.
“Queremos que haya gran cantidad de mecanismos de participación de la comunidad deportiva, periodistas, técnicos, deportistas, clubes, donde converjan todos los actores que se benefician de la Tasa-Prodeporte”; así las cosas será la abogada Ana Lucía Córdoba como Secretaria de Deporte, la encargada de esta tarea y por su puesto, nosotros como gremio de la prensa deportiva, estamos prestos para ayudarle.
Se le abona a la diputada Juliana Enciso, que se empoderó del Proyecto desde el comienzo, pese a la celeridad del mismo, pues el 27 de julio salen la Ley 2023 de 2020 y en menos de una semana, la Secretaría de Planeación en conjunto con Hacienda y la de Deportes, tenían listo el proyecto de Ordenanza revisado y firmado incluso por la Secretaría Jurídica de Risaralda.
Me parece lógico la molestia del sector deporte, pero lo mejor y para alegría de todos, la batalla todavía no se ha perdido; en ese orden de ideas el Proyecto sigue vivo y no como lo mencionaron algunos “se hundió la Ordenanza Pro-deporte”. Afortunadamente podemos decir “se hundió pero transitoriamente”.
Lo que sí está en veremos, es su eventual entrada en vigencia, pues si bien la Constitución Nacional en su art. 338 señala que debe ser a partir de enero, hay criterios encontrados, motivo por el cual la Gobernación optó por elevar petición al Ministerio de Hacienda, para determinar la fecha exacta.
Particularmente considero que la mejor opción es enero 2021, dado que sería antipopular adjudicar más gravámenes en esta temporada de pandemia y más cuando pocos contratos se han firmado, y los ingresos son escasos. Ya ajustaría en total el 8% en impuestos por contrato.
El punto que más generó controversia entre los diputados, fue el parágrafo que faculta al Gobernador para reglamentar en tres meses la distribución y porcentajes, pues los diputados consideran que son ellos los llamados a delimitar esa controvertida distribución.
Tanto la Ley como el Proyecto de Ordenanza, señala siete ítems concretos para invertir, sumado a otro bien particular, el 20% del recaudo irá directamente a refrigerio y trasporte para jóvenes deportistas de clubes o escuelas en condición de pobreza.
En otras palabras, el 80% del recaudo es lo que se debe distribuir entre: recreación, reserva deportiva, alto rendimiento, adquisición de elementos deportivos, infraestructura, apoyo en salidas a competencias y salud preventiva.
Podemos decir que este punto fue “el florero de Llorente”, para que hundiera inicialmente.
Paradójicamente, mientras el proyecto exonera a los contratistas naturales bajo la modalidad de prestación de servicios, se estima que este eventual impuesto genere alrededor de 3.500 millones al año; está más encaminado a gravar con el 2% a todos los contratos grandes con personas jurídicas.
Cabe recordar que la Secretaría de Deportes en el 2019 tuvo recursos cercanos a los 9.500 millones de pesos -fue el año de Juegos Nacionales- en el presente la pandemia y el Gobernador le ha permitido aproximados 1.500 millones, apenas para contratar entrenadores y sostener el programa del Deportista Apoyado. ¡Bien complicado¡. Es decir la platica sí se necesita.
Otro punto importante para analizar es que esta misma Ley será aterrizada como Acuerdo Municipal de Pereira, el Secretario de Deportes Gustavo Rivera y algunos concejales se han puesto al frente del Proyecto, eso sí aclarando que las necesidades del Departamento son muy distintas a las del Municipio. El objetivo de Pereira no es Alto Rendimiento, es masificar y la mejor forma de masificar es tener buenos escenarios- parece ser, se le apuntará más a infraestructura.
Hay varios departamentos que ya tiene listas sus Proyectos de Ordenanza como Santander, pero el que sí le tomó la delantera a todos fue el Valle, desde el 1 de enero de 2020, un gravamen impuesto sobre los vehículos automotores, que nada tiene que ver con la reciente Ley, establece que el 20% del 80% del recaudo, tendrá la siguiente distribución:
Formación y preparación para deportistas 24%, fogueos deportivos para eventos nacionales 20%, apoyo económico a deportistas 11%, apoyo a deportistas en competición 11%, fogueos deportivos para eventos internacionales 12%, apoyo biomédico deportivo 11%, Implementación deportiva 11%.
Bueno, la mesa está servida y el debate apenas comienza, lo más importante es que los actores del deporte no dejemos enfriar el tema, hagamos veeduría y presionemos al máximo para que en octubre sea presentado y aprobado, tal como está programado.